En medio del dolor y la indignación por los macabros asesinatos de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, uno de los debates que se generó en la sociedad estuvo relacionado sobre la figura de los crímenes: ¿son o no femicidios? La discusión quedó saldada tras la decisión Justicia este jueves.

Mientras las familias y amigos se despedían de las chicas en los velatorios, la investigación avanzaba. Mejor dicho, se tomaban algunas decisiones que, sin dudas, tendrán injerencia conforme se vaya resolviendo el caso.
En primer lugar, la Fiscalía General de La Matanza, a cargo de Patricia Ochoa, le dejó la causa -que estaba en manos del fiscal Gastón Dupláa- a la UFI de Homicidios de la jurisdicción, con la dirección del fiscal Adrián Arribas. Este cambio crucial se debe, argumentaron, a una “cuestión de competencia”.

Ni bien se hizo cargo, Arribas requirió el expediente completo a Dupláa, y citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, que está detrás de las tareas de campo.
Una vez cuente con el material, archivos y demás documentos, el fiscal buscará darle otro impulso a la investigación. Se prevé, por ejemplo, que ordene ciertas medidas, como pericias forenses intensivas.
Fueron femicidios: las imputaciones a los detenidos
Este jueves, los primeros cuatro detenidos por el caso se negaron a declarar y, luego, fueron trasladados al Penal Melchor Romero.
Miguel Ángel Villanueva, peruno e indocumentado en la Argentina, fue imputado, por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género". Su pareja, Iara Daniela Ibarra, también recibió dicha acusación.

Con este carátula, queda determinado que los asesinatos de Brenda, Morena y Lara fueron femicidios. Si los imputados son hallados culpables, podrían recibir la pena de prisión perpetua.
Por su lado, Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, fueron acusados de encubrimiento agravado. A ellos la policía los encontró limpiando la escena del crimen.
Los cuatro quedaron detenidos por orden del fiscal Dupláa, avalado por el juez de instrucción del caso. No obstante, la búsqueda continúa: los investigadores intentan dar con “Julito” o “Pequeño J”, un narco peruano de 23 años que, al igual que Villanueva había ingresado al país de manera ilegal y estaría indocumentado.