Violencia de género, incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, corrupción. Estas son, entre otras, las causas por las que más de un centenar de integrantes de las diferentes fuerzas de seguridad de Córdoba son investigados y fueron pasados a pasiva en los primeros tres meses del año.
En concreto, son 111 los uniformados que fueron separados de sus cargos, se les quitó el arma y el chaleco reglamentarios y pasaron a cobrar un 30 por ciento menos. Estas medidas se toman mientras duran las investigaciones: en base a los fallos, los efectivos pueden recuperar su cargo o ser desplazados definitivamente.
Según informó La Voz, los sumarios fueron abiertos de manera preventiva por el Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, creado tras el asesinato de Blas Correas. En detalle, nueve de cada 10 uniformados que fueron pasados a pasiva pertenecen a la Policía de Córdoba, mientras que el resto responde a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
En este sentido, cabe destacar que el nuevo tribunal de conducta de policial tiene bajo su cargo 765 causas abiertas que están siendo investigadas. Además, es importante resaltar el dato de que del total de los uniformados que están en esta condición, el 82,6 por ciento son varones y el 17,4 por ciento, mujeres.
