La Municipalidad de Rosario confirmó finalmente al Concejo la titularidad de las chapas de taxis que, a través de un pedido de informes ponían bajo sospecha que la explotación correspondía al presunto jefe barra Andrés “Pillín” Bracamonte, y podría aplicar una ordenanza que impide a procesados o condenados el control de un servicio público.
El oficio indica que hay al menos seis chapas registradas a través de terceros de su entorno, con una única dirección. Todas contraídas con el régimen “explotación por tiempo indeterminado” entre el 2003 y Enero 2020. “Son pautas generales que ratifican lo que planteamos al momento de realizar las consultas”, dijo Roy López Molina, presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana y autor del pedido en 2020.
El pedido formal, a partir de una medida judicial y en el marco del avance contra la inseguridad y la violencia que impulsa, surgió en el bloque Cambiemos y contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Era inicialmente por datos específicos sobre los titulares, multas y sanciones de las chapas RA 960, 1058, 1777, 2237, 2861 y 2864.
Tras haber hallado, en junio del año pasado, en el domicilio de Bracamonte, 2,5 millones de pesos y 1.700 dólares que su abogado confirió a la explotación de cuatro taxis, el fiscal Miguel Moreno lo imputó por lavado agravado e incluyó seis chapas del servicio público a nombre de terceros bajo la sospecha de ser parte de las maniobras. Estimó, además, el valor de cada una en una cifra superior a los 20 mil dólares.
El informe además ratifica que todas las licencias fueron adquiridas por transferencia, donde un titular vende su licencia y el comprador abona un sellado a la Municipalidad que a la actualidad cuesta 382.725 pesos.
Los concejales plantearon cómo un servicio público puede tener vinculación directa con quien está sindicado como un actor protagónico de la violencia en el fútbol. “Corresponde al Departamento Ejecutivo verificar y evitar que esas chapas sean utilizadas para lavar ganancias de actividades ilícitas”, dijo al respecto López Molina. El edil valoró la posición de todos los integrantes del Concejo y pidió “estar todos juntos para dar pelea por una ciudad más segura”.
Cabe recordar que el propio cuerpo legislativo rosarino aprobó en octubre una ordenanza que endurece los requisitos y controles para iniciar el trámite por licencias de taxis y remises y mantener o transferir las vigentes al limitar la actividad para quienes tengan antecedentes condenatorios o causas avanzadas por delitos complejos como lavado de activos, tráfico y contrabando de armas y drogas, corrupción y la pertenencia a una asociación ilícita.
La ordenanza, que también impulsó López Molina, busca evitar que el crimen organizado pueda lavar dinero a través del servicio público de taxis. “No podemos dar un paso atrás frente al avance de la economía delictiva que sostiene a las bandas criminales que actúan en nuestra ciudad”, dijo entonces Roy López Molina.
