Hace casi cuatro años condenaron en Rosario a los líderes de “Los Monos” en un proceso inédito. Esteban Alvarado (45) estaba bajo libertad condicional y vivía en una casa del barrio privado Funes Hills. A raíz de un crimen mafioso y dos atentados contra edificios públicos, este lunes comenzó el primer juicio oral al máximo enemigo de la banda narcocriminal más conocida de la ciudad.
Condenado dos veces en su ciudad natal y en San Isidro por el robo de autos, el hombre que dijo ganarse la vida vendiendo sábanas y calefactores es señalado como el jefe de la mayor organización ligada a la venta de drogas en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, nunca había estado frente a un tribunal hasta ahora y recién lo procesaron por ese delito en diciembre de 2019.
En esta instancia en el fuero provincial, el de Alvarado es el nombre más importante entre los de siete personas acusadas. Además de su rol como líder de una asociación ilícita, lo imputaron por lavado de activos procedentes del narcotráfico y como instigador del homicidio de Lucio Maldonado (37). Por esta serie de hechos, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra anticiparon el pedido de prisión perpetua y una multa de $ 758.123.048.
Por el crimen del prestamista cuyo cuerpo fue arrojado a la vera de la Autopista Rosario-Buenos Aires hay otros cuatro sospechosos involucrados en el juicio: Mauricio Laferrara, Facundo Almada, Matías Ávila y Germán Fernández. De acuerdo a la investigación, los dos primeros eran miembros esenciales dentro de la banda de Alvarado.
La red delictiva funcionó al menos desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre de 2019. En esos últimos siete meses, el presunto jefe estuvo bajo prisión preventiva luego de la captura en Embalse Río Tercero. Su mano derecha fuera de la cárcel, Jorge Benegas (45), se declaró culpable como organizador en octubre pasado junto con su pareja Valeria Nasca (43), que participó como prestanombre en las empresas truchas creadas para administrar los negocios ilegales.
El constructor de Alvarado para lavar el dinero narco
Además de los acusados de cometer los crímenes, entre los imputados en el juicio figura un empresario mencionado como “el constructor de Alvarado” en Rosario, Funes y Roldán. Miguel Greci Hazzi afronta un pedido de 8 años de prisión por lavado de activos y por haber integrado la asociación ilícita. A la condena se suma una multa de $407.962.500.
El “Turco” llegó a esta instancia junto a su pareja Damiana Ghirardi. A diferencia de su esposo, la mujer no es considerada parte de la organización delictiva, pero sí cómplice de las operaciones inmobiliarias para blanquear el dinero.
Los fiscales afirman que Greci Hazzi se dedicaba a hacer reformas en las propiedades que pertenecían a la banda, como la agencia de autos de Pellegrini y Rouillón. También hizo otras gestiones como la compra de una decena de camas náuticas en Tifón. En la búsqueda de propiedades actuó como prestanombres al igual que Rosa Capuano, expareja del supuesto líder, y el abogado Claudio Tavella.
Según la evidencia recabada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) desde que Alvarado fue detenido en 2012, la negociación en torno a la guardería involucró a la firma Aldic. La firma fue la encargada de comercializar lotes en Tierra de Sueños y Puerto Roldán. Tanto en el barrio abierto como en el privado detectaron inversiones de Alvarado, algunas en connivencia con los policías que trabajaban para él.
Un permiso de la policía para cometer delitos
A la hora de presentar la acusación contra Alvarado, los fiscales afimaron que el presunto narcotraficante obtuvo un “permiso estatal contrario a la ley”. Así definieron la relación que construyó con jefes policiales e integrantes de las fuerzas provinciales en el marco del crecimiento de la banda y la batalla con “Los Monos”.
Los antecedentes del nexo con los uniformados se remiten a la época en que aceleró en la causa sobre miembros de la familia Cantero. Edery y Schiappa Pietra recordaron que los investigadores de la División Judiciales reportaban “cada paso que daban” para acorralar a la organización rival radicada en el barrio La Granada.
El destinatario de esa información era Luis Medina (42), señalado como como un importante vendedor de drogas que trabajaba con Alvarado. Aunque no hay personas imputadas desde fines de 2013, la Fiscalía cree que el homicidio del empresario y su pareja Justina Pérez Castelli (23) fue ejecutado por orden de su socio.
Al menos seis policías aceptaron condenas por haber colaborado con la banda. La lista la encabeza Luis Quevertoque. Entre otras acciones denunciadas, el comisario que fue subjefe de la Brigada Operativa de la División Judiciales compartió un caballo de carreras comprado por el supuesto capo narco.
Por otra parte aparecen los hermanos Marcelo y Martín Rey. El primero hizo un aporte clave al plan de Alvarado desde la ex Policía de Investigaciones (PDI), ya que aportó información falsa para desviar la pesquisa sobre balaceras contra el Centro de Justicia Penal y los Tribunales provinciales.
Finalmente también se destaca el procedimiento abreviado que firmó Javier Makhat. El comisario encargado del área de Inteligencia de la PDI vivía en un departamento de Puerto Norte que figuraba a nombre de su esposa pero era del líder de la banda narco. Además de la condena a prisión efectiva, aceptó una multa de 50 millones de pesos.
