En Rosario se dio un nuevo golpe judicial: el juez federal de Garantías, Eduardo Rodrigues Da Cruz, dictó prisión preventiva para tres implicados en una investigación por contrabando agravado dentro de la sede central local del Correo Argentino.
La investigación fue iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que advirtió irregularidades en el proceso de entrega de encomiendas internacionales que no llegaban a sus destinatarios y eludiendo los controles aduaneros competentes.
El mecanismo detectado consistía en sustraer las encomiendas que ingresaban por el Correo desde el Centro Postal Internacional (CPI) de Monte Grande, sin pasar por los correspondientes controles aduaneros, para entregarlas directamente a domicilios particulares, previo pago de una tarifa irregular que equivalía aproximadamente al 50% de los impuestos que deberían haberse abonado legalmente.
Los imputados desempeñaban cargos jerárquicos: Hugo L., que ya fue cesanteado en abril de 2023; Eduardo C., jefe del Nodo Rosario; Maia L., quien coordinaba cobros y entregas; y Juan Pablo A., colaborador directo en la manipulación de paquetes.
Se estima que fueron manipuladas al menos 486 encomiendas, mayoritariamente con juguetes coleccionables, CDs, vinilos, y materiales de estética u odontología, por un valor aproximado de 155.000 dólares. Todas sin control aduanero ni pago de tributos correspondientes.
La fiscalía, encabezada por Soledad García junto con Javier Arzubi Calvo, formalizó la imputación este viernes ante el juez. El expediente incluye a siete personas en total: tres empleados del Correo Argentino, tres destinatarios de los envíos, y otra persona que actuaba como receptor o intermediaria.
Respecto a las medidas cautelares, se «ordenó la prisión preventiva domiciliaria para tres de los principales involucrados», en virtud de la gravedad de los hechos, la violación del deber público y la sensibilidad del perjuicio fiscal causado.
Uno de los importadores vinculados deberá cumplir con una caución real de 15.000 dólares y fue impedido de salir del país durante los próximos 60 días. Además, otros imputados enfrentan restricciones judiciales similares, como la obligación de firmar periódicamente ante autoridades competentes.
El caso pone en evidencia una estructura de contrabando que operó durante al menos desde enero de 2023, aunque fuentes señalan que podría tener antecedentes aún más antiguos. La investigación apunta a desmontar no solo las acciones sino la red que cubría desde las encomiendas hasta los destinatarios.
