Cuatro exfuncionarios de la gestión de Mauricio Macri integrantes de la denominada “mesa judicial”, que habían sido citados a declarar como testigos a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, pegaron el faltazo este martes, en el marco del proceso de acusación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Los convocados que se ausentaron son el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; quien fuera su segundo, Santiago Otamendi; el exjefe de asesores de Macri, José Torello; y el operador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia.
Tanto Garavano como Otamendi pidieron posponer su declaración y adujeron que se encuentran de viaje, mientras que Torello, actual senador nacional del PRO, notificó a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, que no asistirá porque considera que Diputados “carece de competencia” para citarlo en su condición de legislador.
“No avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscabe la inmunidad que protege la función que ejerzo por mandato popular”, argumentó Torello. Y reveló también que la citación había sido originalmente cursada a su hermano, el diputado Pablo Torello, “en una manifestación de la liviandad con la que se pretende llevar adelante el juicio político contra la máxima autoridad del Poder Judicial”.
La ronda testimonial de este martes está dedicada al fallo de la Corte conocido como “2x1″, dictado en mayo de 2017, que permitía reducir la pena de prisión para condenados por delitos de lesa humanidad. Ese fallo se basó en una ley sancionada en 1994 y derogada en 2001, que establecía que después de los primeros dos años de prisión preventiva, cada día de prisión se computaría doble.
La Corte falló de esa manera ante un pedido de Luis Muiña, un civil condenado por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas durante la última dictadura militar. La sentencia fue firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti, quienes se basaron en el principio de ley penal más benigna, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, considerando que esa reducción no era aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Finalmente, tras un masivo repudio popular, el Congreso sancionó una ley aclaratoria que declaró inaplicable el beneficio del “2x1″ para crímenes de lesa humanidad, y el máximo tribunal dio marcha atrás.
La hipótesis del Frente de Todos es que existió una negociación entre la “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri y el juez Rosenkrantz para asegurarse el apoyo de Highton, cuyo voto (sorpresivo) fue el que definió. La jueza estaba próxima a cumplir los 75 años y había presentado un amparo para seguir en el cargo. Según se especula, la gestión de Macri no apeló ese recurso a cambio de que Highton votara a favor del “2x1″.
A la comisión también fueron citados para este martes Gladys Cuervo, secuestrada en noviembre de 1976 dentro del Hospital Posadas, que había sido tomado por las fuerzas militares; y Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, otro trabajador de ese centro de salud que fue secuestrado y asesinado en la misma época a manos del llamado “grupo Swat”, que integraba Muiña.
