Corresponsalía Buenos Aires
Con una ajustada mayoría, el oficialismo logró este jueves que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inicie procesos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El Frente de Todos (FDT) consiguió 16 votos (versus 15 que reunieron JPC y el interbloque Federal) para aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes del máximo tribunal de Justicia.
De esta manera, ese cuerpo de la Cámara baja avanzará con las gestiones tendientes a reunir pruebas ante las acusaciones que se promovieron contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
“Estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político. Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño; las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”, alertó el diputado del radicalismo cordobés Mario Negri, al exponer en el debate.
En tanto, el kirchnerista Leopoldo Moreau justificó la avanzada del oficialismo al advertir que la Corte Suprema “asume facultades que no le son propias”. “Ese es el verdadero golpe de Estado”, denunció.
El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).
Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1″ para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.