Carolina Ramos
Diputados del oficialismo y la oposición volvieron a cruzar gritos y chicanas en la tercera ronda testimonial de la Comisión de Juicio Político, en la que el Frente de Todos interrogó a cuatro funcionarios judiciales y pidió iniciar un sumario contra el fiscal Carlos Stornelli por no presentarse a declarar.
En una escandalosa reunión de la comisión presidida por Carolina Gaillard, que coincidió con la difusión del índice de inflación del 6,6%, los legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron un “hostigamiento” contra los testigos e intentos de “violar su intimidad”.
“Lo único que falta es que hagan un casting en la calle. Falta que uno diga ‘vi luz y entré’. El único requisito es hablar en contra de la Justicia”, bramó el jefe del bloque radical, Mario Negri, indignado al punto de chocar los puños contra la mesa. “Llamaron a personas que nada tienen que ver con los hechos investigados”, coincidió Silvia Lospennato (PRO).
Por el contrario, el oficialista Leopoldo Moreau, muy activo a la hora de interrogar a los testigos, aseguró que “cuando termine este juicio va a quedar claro que se traficaron sentencias”, y remató: “¿No se dan cuenta de cómo se ha podrido el sistema judicial en Argentina?”.
Uno de los detonantes de los cruces fue la declaración de Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración y mano derecha de Eduardo Casal. Olima Espel figura en uno de los chats filtrados con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.
De esa conversación se desprende que Olima Espel le habría anticipado a D’Alessandro un dictamen vinculado a la competencia de la Corte para reclamar por fondos coparticipables. La periodista Cynthia García expuso esa conversación en Twitter y denunció que el funcionario de Casal cometió un delito.
“No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia, no lo habíamos subido al sistema”, le respondió en la red social Olima Espel. Ante los diputados, el funcionario ratificó esos dichos y se defendió: “No tuve ningún comportamiento impropio ni ilegal”.
El testigo (que estuvo al borde del quiebre cuando habló de ese episodio) dijo no recordar el chat con D’Alessandro ni si finalmente le envió (o no) el dictamen requerido. Gaillard sugirió mostrarle al funcionario el chat para que determinara si era verídico, pero los diputados de Juntos por el Cambio estallaron en gritos.
El clima se caldeó a tal punto que Gaillard amenazó con desalojar a quienes no hicieran silencio. “¡Chanta!”, le gritó a Rodolfo Tailhade, desde la otra punta de la sala, el mendocino Omar De Marchi (PRO). El kirchnerista no la dejó pasar y chicaneó: “Tranquilícese, empiece a trabajar para (Alfredo) Cornejo y déjese de joder”.
El Frente de Todos también puso contra las cuerdas a otra testigo, Natalia Hilda Monayer, quien integra la vocalía de Rosatti y dijo compartir despacho con Robles. Moreau le preguntó a Monayer por sus chats laborales y por la sociedad Moromedia SRL., cuyo “accionista principal”, según el diputado, es Robles.
“Tengo la sospecha de que esa sociedad ha sido vehículo de tráfico de influencias”, advirtió Moreau, quien reveló que allí se desarrollaban “actividades que incluían visitas de miembros de la Corte”. La testigo admitió que conoce la existencia de esa persona jurídica, pero se desvinculó de la misma.
En la comisión también comparecieron Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicios Originarios CSJN, y Guillermo Sebastián Garay, de la vocalía de Rosatti. Además, estaba citado el abogado Marcelo Jorge Mazzeo, pero no concurrió, por lo que volverán a notificarlo bajo apercibimiento.
Contra Stornelli
El Frente de Todos ratificó que pedirá “iniciar las acciones disciplinarias correspondientes” contra Stornelli por negarse a declarar de manera presencial por segunda vez. El objetivo es quitarle los fueros y trasladarlo a la comisión por la fuerza pública.
El fiscal informó a Casal que espera el envío de las preguntas por escrito, pero el oficialismo insiste en que se presente en persona. “Si accedemos a enviarle las preguntas, estaríamos violando el reglamento”, sostuvo Gaillard, y recordó que solo pueden declarar por escrito al presidente de la Nación, el vicepresidente y los gobernadores.
Juntos por el Cambio volvió a rechazar la decisión. “Da la impresión de que el oficialismo no tiene interés en las respuestas de Stornelli, sino en seguir con el circo. Si realmente les interesara, es cuestión de mandarle las preguntas, las responde y en dos días tenemos las respuestas”, planteó Pablo Tonelli (PRO).
En otro orden, Gaillard informó que la denuncia por “falso testimonio” impulsada por el oficialismo contra el juez Sebastián Ramos recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo del juez Luis Rodríguez.
Al declarar ante la comisión, Ramos negó tener “algún vínculo sistemático” con D’Alessandro y Robles, pero se filtró una conversación entre el juez y el funcionario porteño donde se infiere lo contrario. Por eso acusan al magistrado de mentir bajo juramento de ley.
Finalmente, el Frente de Todos bloqueó un pedido de Tonelli para denunciar, también por “falso testimonio”, al juez Alejo Ramos Padilla.
Próxima reunión
La comisión volverá a reunirse el próximo martes 21 con testimonios vinculados al fallo del “2x1″ que beneficiaba a represores. Serán citados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (se encuentra prófugo); Germán Garavano, exministro de Justicia; y José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.