Los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay rechazaron el fallo del tribunal estadounidense que obliga al Estado argentino a depositar una garantía de 16 mil millones de dólares en la causa por la nacionalización de YPF en 2012.
Lo hicieron mediante un dictamen presentado como “amicus curiae” ante el Tribunal de Apelaciones de Manhattan, donde se revisa el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska.
En el documento, los cuatro países sudamericanos afirman que “si se confirma la sentencia de primera instancia, interferirá negativamente con las expectativas futuras del país”. “La decisión de Preska amenaza con perturbar las relaciones comerciales con Estados Unidos”, ya que se considera una “injerencia en los asuntos internos de otro país”.
Sin embargo, estas observaciones ya fueron abordadas por la jueza Preska, según quien su tribunal está autorizado a intervenir porque YPF es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Pese al recurso, en enero el tribunal de Nueva York ordenó al Gobierno argentino a depositar una garantía de 16 mil millones de dólares y los beneficiarios de la compensación ya iniciaron acciones exploratorias por un posible embargo de acciones y activos no solo de la petrolera sino también del Estado argentino.
En febrero, Argentina apeló formalmente el fallo de primera instancia que lo condenó a pagarle 16.000 millones de dólares, más intereses que corren día a día, al estudio inglés Burford, el principal beneficiario del fallo de Preska.
