Este jueves, un gran jurado determinó imputar a Donald Trump en una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. El expresidente quiso evitar que la mujer contara que ambos habían tenido una relación en el pasado.
De esta manera, Trump se vuelve el primer expresidente acusado formalmente de un delito en la historia del país.
Por su lado, el exmandatario que temía ser arrestado, dijo que esta resolución es una muestra más de la “caza de brujas” en su contra. “Nunca se ha hecho esto antes en la historia de nuestra nación”, dijo. Al mismo tiempo acusó al Partido Demócrata de Biden de “utilizar la Justicia como arma para castigar a un oponente político”.
The New Times adelantó que la primera imputación por delitos criminales a un expresidente se anunciará en los próximos días y la Fiscalía de Manhattan le pedirá a Trump que se entregue para ser citado por los cargos, desconocidos por el momento.
No obstante, se sabe que el exmandatario está acusado por pagarle a la actriz porno conocida como Stormy Daniels unos 130.000 dólares a cambio de que no revelara, en plena campaña electoral de 2016, que habían mantenido una relación sexual en el pasado.
Además, trascendió que hay un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.
Se trata de Karen McDougal, “chica Playboy” en 1998, que asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006. Su historia iba a ser publicada en The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.
De qué se acusa a Donald Trump
Daniels recibiró 130.000 dólares en 2016 para que no diera a conocer una relación extramatrimonial que Trump había mantenido con ella en el pasado. Por ese entonces, el político estaba en el tramo final de la campaña electoral que terminó llevándolo a la presidencia.
Hay quienes aseguran que si el pago a Daniels no se registró adecuadamente podría considerarse “un delito menor por falsificación de la contabilidad”.
Por otro lado, podría elevarse a delito grave si se buscaba encubrir un segundo delito, como una violación de las leyes del financiamiento de campañas, penado con hasta cuatro años de cárcel.
