Más de 50 fiscales de Córdoba se reunirán este martes por la tarde en Pilar para brindar su respaldo a Patricia Baulies, la fiscal de Río Segundo que investiga los presuntos millonarios fraudes del poder político local y que fue amenazada de muerte.
Ya este lunes la fiscal Baulies se reunió con el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano (foto), quien le manifestó "el apoyo institucional y personal frente a las amenazas que la funcionaria recibió en los últimos meses a raíz de investigaciones a su cargo", difundió el Ministerio Público Fiscal.
Baulies y su familia recibieron amenazas de secuestro y de asesinato en el marco de la pesquisa de la fiscal por una presunta estafa de 56 millones de pesos en venta de terrenos en la costanera de Pilar.
La investigación involucra al intendente Diego Alejandro Bechis, detenido actualmente como supuesto autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad en concurso ideal; Pablo Iván Ghío, como partícipe necesario de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada; Cristian Julio Moyano, como supuesto partícipe necesario de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada; Pedro Pablo Botta, Ana Marina Canalis, Rodolfo Rodriguez Zamudio, y Carla Inaudi Villegas, como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad.
La causa. Todo se inició por una denuncia de los ediles de la oposición después que el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó la venta de 11 hectáreas de la costanera de esa ciudad en una sesión realizada en forma extraordinaria.
La ordenanza que permitió la operación fijó un precio de venta de las tierras en un millón de pesos y se justificó especialmente en el bajo valor de esa tierra por considerarla no apta para edificar y con pocas condiciones de uso.
La fiscal ordenó, oportunamente, la realización de una pericia geológica y una tasación del valor de la tierra. La primera determinó que al menos cinco hectáreas de las 11 vendidas son aptas para edificar sin ninguna mejora; y la seis restantes sólo demandan una obra de contención para calificar su uso.
En tanto se determinó que el valor de mercado de la tierra al momento de la venta era de al menos 56 millones de pesos.
El Intendente, además, fue imputado por supuestas irregularidades en un plan de viviendas.
La fiscal Baulies fue amenazada en distintas oportunidades.
