El Gobierno nacional oficializó este martes la reforma anunciada días atrás por el presidente, Mauricio Macri, y que contempla que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad interior y custodien objetivos estratégicos.
La medida, rechazada el último jueves por una multitudinaria protesta, fue decidida por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La "Directiva de Política de Defensa Nacional", como la denominó el Gobierno de Macri, prevé el despliegue militar a las fronteras del país, especialmente las del norte con Paraguay, Bolivia y Brasil, y su participación en el sistema de seguridad interior, entre otras responsabilidades.
"Lo que propusimos fue adaptar las Fuerzas Armadas a las amenazas globales del siglo XXI, entre ellos el terrorismo, los ciberataques y el narcotráfico", dijo Macri el lunes en un acto que encabezó en la provincia de Córdoba.
Allí, además, aseguró que las Fuerzas Armadas procurarán darles "tranquilidad y seguridad" a los argentinos.
La decisión tomada por Macri representa un giro inédito en la política de defensa de Argentina desde el regreso de la democracia en 1983 y fue criticada por organismos, referentes de derechos humanos y el arco político opositor por considerar que involucrar a los militares en "tareas internas" viola la ley.
En rigor, el decreto anula otras resoluciones similares firmadas en 2009 y 2014 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que ponía límites a la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
Por ley, los militares no podían participar hasta en cuestiones de seguridad interior, que están a cargo de otras fuerzas, entre ellas las policías federal y provinciales, la Gendarmería Nacional (policía militarizada de frontera) y la Prefectura Naval Argentina.
