La precandidata a gobernadora por Santa Fe, Carolina Losada, presentó hace un tiempo una denuncia por “campaña sucia” en su contra y logró un fallo a favor del Tribunal Electoral Provincial (TEP). Tras hacer lugar al pedido de la denunciante, la Justicia ordenó a Google Argentina SRL dar de baja publicaciones agraviantes contra su persona.
En la presentación, a cargo del apoderado de la lista que encabeza Losada, Víctor Luis Batistelli, la senadora solicitó no sólo dar de baja y desindexar anuncios sobre su persona, sino que también “informe la identidad de las personas promotoras de los sitios de los anuncios y publicaciones en cuestión, como también los números de IP de los cuales han accedido quienes crearon y administraron esos sitios, Cuit de los responsables y todo otro dato que permita identificar al autor de los anuncios”.
A mediados de junio, Losada había intimado mediante nota a Google para que se abstuviese de publicar esos contenidos a través de diferentes plataformas, con el sólo fin de desacreditarla en pleno proceso electoral mediante “afirmaciones falsas e injurias con el fin de desacreditar a su persona”. Al no obtener respuesta, recurrió al TEP.
Este viernes, el TEP hizo lugar a lo solicitado y encomendó a Google a dar de baja las páginas del anunciante La Provincial “por los motivos expuestos y en tanto las condiciones de anonimato subsistan”. Además, solicitó colaboración para reunir datos que permitan identificar al autor de los anuncios “y el origen de los fondos de la publicidad electoral en cuestión”.
¿Qué dijo el TEP sobre el planteo de losada?
Según el fallo, los contenidos muestran propagandas editadas principalmente a partir de distintos fragmentos no adulterados de opiniones e información periodística y de entrevistas que “no excede el marco del derecho de expresión -libre y sin censura previa- amparado por la Constitución Nacional”.
Sin embargo, consideró que la imposibilidad de identificar a los autores detrás del medio anunciante La Provincial, “atenta contra el principio de transparencia autoral y financiera que se impone en las campañas electorales”, además de que “el anonimato en las publicaciones impide la réplica, explicaciones y refutaciones”.
