Los exagentes del Servicio de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lofiego, fueron condenados a cadena perpetua como cuautores de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. Fue en el marco de la megacausa Feced III y IV, que dejó 188 víctimas. La audiencia fue transmitida en vivo por streaming.
La pena fue determinada por los jueces del Tribunal Oral Federal II de Rosario, presidido por Lilia Carnero, que los encontró responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionarios públicos con abuso funcional, y por mediar violencia y amenazas en concurso real, con el agravante de los delitos de aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.
También se los encontró culpable de homicidio triplemente calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad de un delito anterior, previsto y reprimido en el Código Penal. A Marcote se le imputó además violación agravada por ser encargado de la guarda de las víctimas.
La misma condena recibieron Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. Por su parte Eduardo Dugour y Héctor Oscar Gianola deberán cumplir con 22 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionarios públicos, con abuso funcional y por mediar violencia y amenazas en concurso real, agravado por aplicar torturas a perseguidos políticos, y en el caso de Gianola se le sumó el cargo de asociación ilícita.
Julio Héctor Fermoselle recibió 18 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, con abuso funcional y por mediar violencia y amenazas en concurso real, además de torturar a perseguidos políticos.
Además a Lucio César Nast lo condenaron a 16 años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, con abuso funcional y por mediar violencia y amenazas en concurso real, y torturar a perseguidos políticos.
La previa
El juicio se inició en abril de 2018 y analiza los delitos adjudicados a 10 efectivos de la Policía de la ciudad durante la última dictadura con 188 víctimas del terrorismo de Estado. "De los tres tramos fue el más voluminoso. Por más que es el tercero, es el que más cantidad de víctimas tuvo, que son 188", indicó a Télam el fiscal Villatte.
"Otra cosa que me llama la atención es cómo van surgiendo nombres de otras víctimas que no son conocidas y que han quedado afuera de cualquier tipo de reparación y merecen que sus casos sean investigados y ventilados en un juicio", abundó el funcionario. Así adelantó que prepara la instrucción de Feced V con más de un centenar de víctimas de la represión ilegal.
Particularmente, la tercera y cuarta parte de la megacausa Feced avanza sobre las prácticas ilegales de la patota policial que tuvo a su cargo el centro de detención clandestino conocido como "El Pozo", ubicado en el centro de Rosario.
Allí funcionaba el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía, cuyas instalaciones albergó el mayor centro clandestino del sur de la provincia de Santa Fe, por donde se estima que pasaron unos 500 detenidos-desaparecidos, indicaron fuentes de la Fiscalía.
Originalmente los imputados eran 14, pero cuatro de ellos murieron antes o durante el proceso oral que se extendió por 25 meses.Gianola es el único que no fue juzgado en los etapas anteriores de la megacausa Feced, pues se mantuvo prófugo de la Justicia.
Agustín Feced, quien murió en 1986, fue un comandante de Gendarmería que estuvo a cargo de la Policía santafesina durante la última dictadura cívico militar en Rosario y zonas aledañas, donde instaló un circuito represivo ilegal que operó entre 1976 y 1979.
