El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado este jueves que se trabajaba en un “Protocolo de Orden Público”, algo así como un “proyecto antipiquetes”, cuyos detalles finalmente anunció por la tarde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La respuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado no se hizo esperar.
Desde el sindicato manifestaron que “no aceptará por inconstitucional ningún protocolo de movilización”.
”Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general.
Y agregó: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.
Asimismo, precisaron que “el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos” de los cuales “Argentina es parte”. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
