Poco antes de renunciar al Ministerio de Economía, Martín Guzmán envió a la Cámara de Diputados el informe de avance del Presupuesto 2023, proyecto que ahora quedó en manos de la flamante titular de la cartera, Silvina Batakis. Se trata de un paso formal previo a la discusión de la “ley de leyes”, que debe ingresar antes del 15 de septiembre.
El año pasado, la oposición rechazó en la votación el plan de gastos y recursos del Poder Ejecutivo, y el presidente Alberto Fernández tuvo que prorrogar el vigente para 2022. Con ese antecedente todavía fresco, el Frente de Todos deberá conseguir los votos para aprobar el nuevo Presupuesto.
El informe consta de 70 páginas y fue confeccionado en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obliga a cumplir con metas trimestrales. Ahora Batakis debe definir si envía un Presupuesto en sintonía con las proyecciones de Guzmán.
Entre las principales variables, se estima para el año próximo un crecimiento del PIB de 3%, que incluye un crecimiento del 3,2% en el consumo privado, del 4,8% en la inversión, del 8,1% en las exportaciones y del 5,6% en las importaciones.
El tipo de cambio nominal se proyecta en 223,5 pesos en diciembre de 2023, lo que implicaría una actualización de 49,5% según las estimaciones oficiales. Para 2024 y 2025 los valores estimados son 310 y 407,9 pesos, respectivamente.
Además, se prevé que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) llegue al 50% interanual en 2023; al 44% en 2024 y al 33% en 2025.
El texto señala que “es necesario avanzar en políticas que consoliden el proceso de crecimiento en 2023, reparando los efectos de la crisis macroeconómica de 2018-2019 y la crisis sanitaria de 2020″.
“El Gobierno Nacional entiende que la acumulación de reservas es una condición necesaria para el fortalecimiento de los instrumentos para reducir la inflación, al que debe alinearse el conjunto de la política macroeconómica”, continúa.
Respecto a la política fiscal, se establecen tres objetivos. El primero de ellos es “mejorar la focalización de las transferencias al sector privado”, para lo cual se está avanzando en la segmentación de subsidios.
Otra de las metas es “priorizar la inversión de capital, como así también en ciencia y tecnología”. En ese marco, el Ejecutivo llamó a que “la inversión pública complemente la inversión privada”, y puso como ejemplo el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, “cuya primera fase se espera que esté terminada a mediados de 2023″.
El tercer y último objetivo es “mantener una política de seguridad social activa” en la cual “se seguirán implementando y manteniendo políticas para reducir las brechas sociales y de género”. Se ratifica, además, la fórmula de actualización del haber jubilatorio.
El Presupuesto, según se indica, “planteará metas fiscales que se basan en una combinación de crecimiento del gasto público en términos reales que apuntalan la demanda agregada y, como correlato, un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales”.
“Esto incrementará el efecto multiplicador de corto y mediano plazo, dando sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal que fortalezca el crédito público y la moneda”, agrega.
Asimismo, el documento afirma que “el Gobierno Nacional continúa con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales en moneda doméstica, dotando de nuevas y mejores herramientas al sector privado, respetando los marcos de sostenibilidad de la deuda pública”.
“Una reducción gradual del déficit sumado a un mayor financiamiento vía crédito en moneda doméstica y financiamiento de organismos internacionales y bilaterales de crédito permiten tener como objetivo una reducción gradual de las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional”, asegura el Ejecutivo.
