Tras el cierre del Instituto Próvolo por los abusos sexuales cometidos a niños hipoacúsicos, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) garantizaron la continuidad educativa a los alumnos en otros establecimientos, lo que generó la objeción de un sector de la comunidad educativa compuesta por padres, docentes y directivos que quieren que los niños sigan educándose allí mismo.
Un grupo de padres y maestros que representan a por lo menos la mitad de esa comunidad exigen que se siga dictando clases porque dicen que la DGE se apuró a cerrar las puertas, porque aseguran que no hay otro lugar para la formación de niños con esa problemática, y ofrecieron conformar una asociación con fondos privados para mantener activa la institución.
En respuesta, la DGE emitió un extenso comunicado del cual se destaca que la Dirección de Educación Privada en conjunto con la Dirección de Educación Especial "toman la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio educativo a todos los estudiantes que asistieran hasta la finalización del ciclo".
Según se informó hoy que "se constituyó a dos equipos Interdisciplinarios de Orientación y a tres intérpretes de Lengua de Señas para la atención y orientación de padres, alumnos y docentes".
