El fiscal Gastón Duplaá, primer responsable de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, presentó impresiones estremecedoras en su escrito inicial, al afirmar que las víctimas fueron sometidas a un sufrimiento inhumano. Esa expresión fue usada para marcar que los crímenes no fueron instantáneos, sino prolongados y con intención deliberada de causar dolor.
Duplaá subrayó que los victimarios actuaron “obrar a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto”. Esa frase evidencia que el ataque fue más brutal que el mínimo requerido para matar.
Según los datos forenses preliminares, las tres jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) presentaban múltiples heridas: golpes de puño, cortes con arma blanca, mutilaciones, fracturas graves y marcas compatibles con torturas. En el caso de Lara, por ejemplo, se constató la amputación de dedos y quemaduras que indicarían una violencia extrema.
El fiscal advirtió que el agravante institucional también incluye violencia de género: los agresores aprovecharon su condición biológica para infligir dolor a mujeres vulnerables, con premeditación y ensañamiento. La calificación penal que se propone es triple homicidio agravado, enumerando los elementos de alevosía, género y ensañamiento.
El caso, que comenzó con la denuncia de desaparición, entró en un giro dramático tras el hallazgo de los cuerpos en un pozo en Villa Vatteone, en Florencio Varela. Las víctimas fueron convocadas con la promesa de una fiesta, oferta que resultó ser una trampa, y trasladadas para ejecutarlas en un operativo preparado.
Hasta ahora hay seis detenidos implicados directamente, entre ellos quienes serían autores materiales. Pero la investigación no se detiene allí: Interpol lanzó una cédula roja contra Matías Agustín Ozorio, señalado como ladero del presunto instigador conocido como Pequeño J.
La búsqueda internacional del cerebro de la banda se vuelve clave, mientras los familiares de las víctimas acusan demoras y exigen que no haya impunidad. En declaraciones públicas, los progenitores han reclamado mayor celeridad y han cuestionado la cobertura institucional.
Este caso sigue estremeciendo al país no sólo por la brutalidad del hecho, sino también por la evidencia de una organización narco capaz de planear con precisión un asesinato múltiple transmitido por redes sociales.
