Una reconocida empresa de Córdoba atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia institucional. Si bien la crisis responde a una combinación de factores productivos, financieros y gremiales, el incumplimiento de pago por parte de Venezuela aparece como un desencadenante clave que agravó su situación económica en la última década.
Se trata de Sancor, que actualmente reclama alrededor 18 millones de dólares por envíos de leche en polvo realizados a empresas estatales del país caribeño. Esta cifra representa el remanente de una deuda que llegó a superar los 30 millones de dólares y que permanece congelada debido a la situación geopolítica de la región.
El origen del conflicto comercial entre la empresa y Venezuela
El vínculo comercial se gestó en 2006, bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, con la creación del Fondo Fiduciario Bilateral. Este mecanismo fue diseñado para facilitar el intercambio de combustible venezolano por productos argentinos, principalmente agroalimentos.
En ese contexto, Sancor se posicionó como un proveedor estratégico. La exportación de leche en polvo funcionó durante años como una salida fundamental para la producción excedente, permitiendo a la empresa generar ingresos en dólares en un momento donde el consumo interno mostraba signos de estancamiento. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en 2017, cuando Venezuela entró en default y cesó el cumplimiento de sus compromisos comerciales.
El impacto de esta deuda pendiente se inscribe en un proceso de fuerte retracción operativa. Según datos históricos, en 1994 la firma procesaba 4,6 millones de litros diarios; para 2022, ese volumen descendió a unos 533.000 litros. En la actualidad, la cooperativa opera con aproximadamente 700.000 litros diarios distribuidos en sus seis plantas ubicadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
La inestabilidad financiera, sumada a conflictos sindicales prolongados entre 2023 y 2024, empujó a la empresa a presentar un concurso preventivo de acreedores en febrero de 2025. Recientemente, el juez civil y comercial de Rafaela, Marcelo Germán Gelcich, designó a una coadministradora para supervisar el proceso, mientras el pasivo total de la entidad se estima en unos 250 millones de dólares.
