Redacción Vía Córdoba
José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, fueron procesados por el delito de evasión tributaria y apropiación de indebida de aportes sociales. Los dos expresidentes de Sancor, empresa de Córdoba y Santa Fe, están siendo investigados por la Justicia, quien ordenó la medida.
Procesaron a dos expresidentes de una empresa de Córdoba
La resolución se conoció este lunes 22 de diciembre y alcanzó a quienes fueron presidentes del Consejo de Administración. Gastaldi cumplió funciones entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y Sánchez fue quien lo reemplazó.
El perjuicio económico estimado por esta causa, que se tramita bajo la Ley 27.430, es de aproximadamente 1644 millones de pesos. Ambos directivos ya se presentaron a una indagatoria judicial en el Juzgado Federal de Rafaela.
La causa investiga una retención de aportes previsionales descontados a los trabajadores y no ingresados en tiempo y forma, según lo establecido por el Régimen Penal Tributario.
La imputación contra a los directivos de una empresa de Córdoba
El Ministerio Público Fiscal sostiene que estos exfuncionarios habrían infringido el artículo 7 del Régimen Penal Tributario al retener fondos salariales sin depositarlos en los sistemas de previsión ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.
La pesquisa, que abarca 32 períodos fiscales, se inició a partir de denuncias realizadas por empleados afectados y auditorías conjuntas de Arca junto con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Adicionalmente, informes del Comité Provisorio de Control detectaron otras irregularidades en el manejo de capitales de la mutual y del sindicato interno de la firma láctea.
Este panorama legal se desarrolla en un contexto de máxima tensión para la compañía. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) intensificó sus reclamos, denunciando atrasos en los pagos de haberes de hasta cinco meses y la intención patronal de desvincular a 304 personas más, sumando ya un millar de despidos desde 2019 entre las plantas de Córdoba y Santa Fe.
La entidad gremial había movilizado a más de 600 operarios frente a los tribunales de la ciudad santafesina para rechazar el “plan de crisis” propuesto por la cooperativa. El sindicato impulsa más de 300 peticiones de quiebra con continuidad productiva, una estrategia para garantizar la permanencia operativa de las plantas y el cumplimiento de las obligaciones hacia el personal.