El 28 de diciembre de 2004 quedó grabado en la memoria social de Córdoba. Ese día, tras más de una década de ataques sexuales reiterados, Marcelo Sajen fue identificado como autor de una serie de violaciones que se extendieron desde comienzos de los años ‘90. Cercado por la policía en la zona sur de la ciudad, se disparó en la cabeza y falleció horas después en el Hospital de Urgencias.
Su muerte cerró el proceso penal, pero abrió un debate profundo sobre el funcionamiento de la Justicia, el abordaje de los delitos sexuales y la protección de las víctimas.
A 21 años de la caída de Sajen: la investigación
Durante más de una década, las denuncias por ataques sexuales presentadas en la ciudad se tramitaron de manera dispersa en distintas fiscalías. Esa fragmentación impidió detectar que se trataba de un mismo agresor con un patrón de conducta reiterado.
El giro en la causa se produjo en 2004, cuando el fiscal Juan Manuel Ugarte unificó la investigación en un contexto de fuerte presión social, impulsada por organizaciones de mujeres como “Podemos hacer algo”. A partir de allí, se comenzó a analizar de manera sistemática el comportamiento del agresor.
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la detección de un intervalo sin ataques entre 1999 y 2002. Bajo la hipótesis de que el agresor podría haber estado privado de la libertad durante ese lapso, la Justicia revisó cientos de expedientes de personas detenidas por delitos sexuales.
Ese análisis condujo a Sajen, quien contaba con antecedentes penales por violación. La confirmación llegó a través de pruebas científicas: tras un allanamiento en su domicilio, peritos del Ceprocor realizaron estudios genéticos que permitieron vincular su ADN con las muestras obtenidas de las víctimas, según consta en la causa judicial.
Cómo era el modus operandi de Sajen en Córdoba
De acuerdo con la investigación, Sajen atacaba principalmente a mujeres jóvenes que caminaban solas durante la noche. Las amenazas con armas y el uso de estrategias para simular una relación de pareja formaban parte de un modus operandi reiterado. La Justicia logró acreditar más de 90 hechos de abuso sexual, aunque investigadores judiciales sostienen que el número real podría ser mayor, dado que muchas víctimas no realizaron denuncias.
La identificación final se produjo luego de que el entonces gobernador José Manuel de la Sota ofreciera una recompensa económica para obtener información sobre el agresor. Un llamado telefónico permitió ubicarlo y desencadenó el operativo policial que terminó con su muerte.
Caso Sajen: un cambio en el abordaje institucional
Más allá de la crónica policial, el caso Sajen dejó consecuencias duraderas. Las críticas al trato que recibían las víctimas dentro del sistema judicial impulsaron reformas en los protocolos de atención.
A partir de entonces, se avanzó en la especialización de equipos y en la incorporación de personal capacitado para intervenir en delitos contra la integridad sexual. Ese proceso sentó las bases de políticas públicas actuales, como el Polo de la Mujer, orientadas a brindar acompañamiento integral y evitar la revictimización.
