Después de 16 años, la Argentina salió este sábado de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes- y prorrogada cada dos años por los gobiernos que se sucedieron desde entonces.
En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había adelantado la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la "Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario". Y a partir de este sábado, entonces, quedan atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que ya no podrá ejercer.
Esta ley de "emergencia" -establecida en principio por dos años- delegaba en el Presidente y sus ministros facultades extraordinarias. Entre ellas, la de establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, como el dólar.
Además, el Ejecutivo tuvo durante esta década y media la posibilidad de fijar retenciones a la exportación de hidrocarburos, de establecer tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, y de regular los precios de la canasta básica.
Al fundamentar la decisión de no prorrogar más la emergencia económica, el ministro Aranguren aseguró hace tres meses que si se continuaba en ese régimen no se podrían renegociar los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado por los servicios públicos y las empresas concesionadas.
El origen de la ley se remonta a las semanas posteriores a la caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa y fue aprobada en el momento en que el peronista Eduardo Duhalde estrenaba su presidencia.