A contrarreloj para evitar una judicialización, el Gobierno nacional afina los números para acercar compensaciones a las provincias por los menores ingresos que tendrán por los cambios en IVA, Ganancias y Monotributo.
Pero al mismo tiempo no parece inquietarlo la posibilidad de que finalmente se produzcan las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
La posición al interior del Gobierno respecto de compensar a las provincias las pérdidas en la coparticipación que producirán las medidas proconsumo que empezarán a regir desde septiembre de cara a la elección general del 27 de octubre pareciera no ser unánime.
Anteanoche el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sorprendió con declaraciones televisivas en las que descartó de plano cualquier tipo de compensación a las provincias. "No hay recursos previstos de compensación", dijo. Antes, defendió las medidas que había tomado su antecesor, Nicolás Dujovne, y que el miércoles, después de la conmoción político-emocional que le causó la derrota en las Paso, anunció el Presidente.
En ese sentido, y pese a que la vigencia de las medidas será hasta diciembre, es decir hasta que asuma quien resulte electo Presidente, Lacunza insistió en justificarlas por ser “un alivio que la población requiere ante el efecto de la inflación”, que en setiembre y octubre revertirá la tendencia descendiente con la que venía, como consecuencia de la brusca devaluación del lunes que siguió a las PASO.
Sorprendieron las declaraciones del flamante titular del Palacio de Hacienda. Sucede que Lacunza dijo lo que dijo apenas horas después de que el secretario y el subsecretario de relaciones con las provincias del Ministerio del Interior abrieron un canal de diálogo con las provincias: Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero estuvieron reunidos con los ministros de hacienda provinciales en la sede porteña de la Comisión Federal de Impuestos. Allí evaluaron distintas posibilidades de compensación a acordar los próximos días con cada provincia según el requerimiento particular y quedaron en continuar las conversaciones con los "números finos" en mano, dijo a Vía País una fuente gubernamental al tanto de los hechos.
Este jueves esa misma fuente dijo que están a la espera del cálculo final del impacto que tendrá la suspensión del IVA a los alimentos básicos desde septiembre. El dato estaría disponible en las próximas horas, estimó, de modo de acercar propuestas de compensación específicas, en función de urgencias, como el pago de salarios y el próximo aguinaldo. Aunque el máximo de esas compensaciones sería de 3.228 millones de pesos (0,2% de la coparticipación), monto al que ascendería la caída neta de ingresos provinciales, según los cálculos oficiales.
El puente desde Interior se tendió el miércoles apenas finalizó una reunión de la totalidad de los gobernadores provinciales no oficialistas, con la única ausencia del cordobés Juan Schiaretti, representado por su ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano. Allí emitieron un duro documento en que acuerdan con las medidas porque permitirán alguna mejora en el poder adquisitivo de la población, pero no con que sean financiadas con recursos coparticipables de las provincias (reciben 30% de Ganancias y 89% de IVA). Y anticiparon que si antes del lunes no hay una respuesta de la Rosada, presentarán cada una por su lado, aunque con el mismo argumento de presunta inconstitucionalidad (violaría el artículo 99, inciso 3, de la Constitución), pedidos de suspensión (cautelar) ante la Corte.
Los gobernadores de Entre Ríos y de Tierra del Fuego ratificaron este jueves que el próximo lunes presentarán el recurso ante la Corte, como lo harán “algunas otras” de las 19 provincias que se reunieron el miércoles. “Indigna que estas medidas sean sólo por tres meses, con un claro tinte electoralista”, dijo el entrerriano Gustavo Bordet, uno de los gobernadores de máxima confianza del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.
Por el contrario, las medidas tuvieron nuevos respaldos desde el oficialismo. Así lo hicieron el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés; el compañero de fórmula de Macri en Juntos por el Cambio, el senador Miguel Pichetto; y la Coalición Cívica. "Estos proyectos fueron propuestos por infinidad de legisladores del Partiudo Justicialista y están en la plataforma electoral del Frente de Todos", señaló un comunicado de la fuerza que lidera Elisa Carrió, que desconoció que entre los 19 gobernadores que se oponen, muchos de ellos no son peronistas, al sostener: "La hipocresía de los gobernadores del PJ que ahora se oponen va en contra de las necesidades del pueblo de la Nación".
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
