En un fallo inédito en la provincia ante un caso de violencia de género, la jueza de familia de Monteros, Mariana Rey Galindo, tomó una decisión de expulsar de Tucumán a un hombre sobre el cual pesan las denuncias por violencia de género.
La medida se debe al constante incumplimiento del sujeto de la orden de mantener una perimetral hacia la víctima. La nueva restricción que se ordenó está fijada en 300 kilómetros de distancia de la víctima.
A partir de esta medida, el sujeto no podrá ingresar a Tucumán si no tiene una orden judicial. Además, la jueza dispuso una serie de medidas en donde se trabaja con distintos organismos para poder dar seguridad a la persona que debe ser protegida, como así también controlar el comportamiento del acusado.
"Lo que implica este fallo es la corresponsabilidad del Estado en todas sus expresiones, no tan solo el Judicial sino también del Ejecutivo, con todo lo que eso implica en la protección de la víctima. Y esta es una responsabilidad que tiene el Estado argentino por cumplimiento de las mandas constitucionales y convencionales, hay leyes internacionales y nacionales que nos responsabilizan como Estado a tomar estas y otras medidas para proteger a las víctimas", dijo la jueza en diálogo con Los Primeros.
