La provincia pretende hacer cada vez más remates de bienes incautados a bandas criminales en el marco de la ley de extinción de dominio, al menos uno cada tres meses. Se trata de la misma herramienta que Mauricio Macri dispuso a través de un decreto y que tuvo múltiples críticas.
"Tenemos cerca de 300 bienes decomisados listos para subastar, la idea es agilizar el procedimiento y poder concretarlo una vez por trimestre", precisó a La Capital el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza.
El funcionario remarcó que la norma que impulsó el presidente a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) ya existe en la provincia de Santa Fe por ley desde hace tres años.
La norma entró en vigencia el año pasado cuando se creó un ente autárquico, la Agencia Provincial de Bienes Decomisados que administra los vehículos e inmuebles incautados a bandas criminales en Santa Fe.
A través de este ente se organizó la subasta de 18 vehículos de alta gama incautados a bandas criminales, lo que generó una recaudación de cuatro millones de pesos. También se compactaron varios desarmaderos ilegales por un millón de pesos.
Según Figueroa Escauriza esto permitió "darle un golpe muy fuerte en lo económico a las bandas criminales, sacándole bienes que no pueden justificar con su patrimonio".
El titular de la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe sostuvo que "entre febrero y marzo" se pretende realizar un nuevo remate pero en la ciudad de Santa Fe. En ese sentido, precisó que hay "25 vehículos" que podrían generar una ganancia para el Estado de unos cinco millones de pesos.
El funcionario destacó que en la actualidad hay "300 vehículos listos para ser subastados". Y añadió: "También tenemos bienes inmuebles en Rosario y Melincué, motos, computadoras y hasta dinero en efectivo".
Por este motivo, desde la provincia pretenden realizar cada vez más remates de bienes. Para eso la idea es "agilizar el proceso y concretar una subasta al menos una vez cada tres meses", manifestó Figueroa Escauriza.
El funcionario remarcó que lo que se busca es implementar un sistema "basado en una lógica dinámica, sistemática y aceitada. Cada vez se van a ir sumando más bienes secuestrados al crimen organizado, lo que se secuestre y no se pueda justificar, con celeridad debe ser devuelto a las víctimas y a la sociedad".
Figueroa Escauriza esbozó que la ley provincial establece que un bien puede ser rematado cuando el titular está imputado en una causa penal y no puede justificar con sus ingresos la forma de haber adquirido un bien.
Con la creación de la Agencia el Estado pasa a administrar los bienes y a definir si corresponde rematarlo o dejarlo en ese espacio público. Para poder disponer del mismo deben pasar al menos seis meses del secuestro. Y no debe tener interés probatorio para la causa penal.
En caso de que el imputado sea desligado en una causa se le restituye el valor del bien subastado, más los intereses correspondientes, de una manera "ágil, dinámica y transparente".
