En lo va del 2018 se registraron 450 abortos legales en la provincia

En el primer semestre de este año, se efectuaron 450 interrupciones legales de embarazo de manera ambulatoria en la provincia de Santa Fe. Las prácticas fueron resueltas en el primer nivel de atención de parte del Ministerio de Salud provincial. Rosario tiene tasa cero de mortalidad materna por aborto.

Según fuentes oficiales, las mujeres acceden a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) mediante a un protocolo vigente desde el año 2012 al cual adhirió la provincia. El mismo fue elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, mediante la resolución provincial Nº 612, con sus posteriores modificaciones.

De esta manera, Provincia garantiza el acceso a esta práctica dentro del marco legal y a través de la red que posee el sistema de salud pública.

En ese sentido, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, explicó que "en la provincia, los abordajes se realizan de manera ambulatoria en el primer nivel de atención en el cual equipos interdisciplinarios están preparados para asistir a las mujeres cuyos casos estén encuadrados en el protocolo de ILE. En situaciones de mayor complejidad, las prácticas están garantizadas en cualquier hospital público".

Uboldi precisó que en Santa Fe, "estos resultados son posibles por una decisión política que desde 2007 viene fortaleciendo a sus equipos de salud y mejorando la infraestructura edilicia y tecnológica para que la red funcione siempre centrada en las personas y sus derechos".

“Venimos trabajando fuertemente en la provincia en esta idea de la atención integral que pasa también por la preservación de los derechos de la mujer y la posibilidad de elegir un método anticonceptivo y contar con acompañamiento”, dijo Uboldi.

La ministra sostuvo que "hay un posicionamiento fuerte de la provincia en acompañar y en garantizar los derechos de la mujer, así que esperamos este tratamiento en forma oportuna".

Por su lado, el coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Oraldo Llanos, remarcó que según el protocolo vigente "la interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas". El profesional explicó que los pacientes "reciben una atención integral y humanitaria que involucra a diferentes actores que las entrevistan y analizan el encuadre de cada caso".

En la actualidad, la ciudad de Rosario tiene tasa cero de mortalidad materna por aborto y en ese sentido se avanza también en el resto de la provincia. En el año 2017, la tasa de mortalidad materna (que incluye al aborto entre otras causas) es de apenas el 1,1 por ciento.

Llanos esbozó que la provincia trabajan para reducir las muertes y complicaciones por aborto desde hace varios años. "El acompañamiento a la salud sexual reproductiva y no reproductiva se hace de manera integral, desde la realización de actividades para promover derechos y poner en discusión las pautas culturales hegemónicas, hasta garantizar el acceso a insumos".

En la provincia se considera que el riesgo en la salud de la persona gestante mencionado en el artículo 86 del Código Penal debe entenderse de manera integral y contemplar no solo cuestiones biológicas, sino también psíquicas (embarazo adolescente, pareja violenta) y sociales (situación o pobreza, familiares a cargo), entre otros aspectos.

Al respecto, el protocolo establece que tras la recepción de la solicitante "se le realiza una entrevista inicial y se establece una consejería, como se denomina, para asesorarla sobre todas las alternativas posibles en relación al embarazo y, en los casos en que los hubiera, los riesgos para la salud relacionados con dichas opciones", explicó Llanos.

"Si la persona decide abortar después de esta instancia, debe firmar un documento que se denomina de consentimiento informado, en el cual se describe todo el proceso de atención y se deja constancia de que se recibió toda la información necesaria para tomar decisiones en forma autónoma y consciente", detalló.

Consultado por la Objeción de Conciencia, Llanos indicó que "en la provincia existe un listado de profesionales que han adherido" a la misma. El profesional explicó que esto implica que los médicos "se niegan a realizar esta práctica médica ya sea por cuestiones religiosas, morales o éticas".

En tal sentido, aseguró que "el Estado no puede obligar a realizar ninguna práctica a los profesionales, lo que sí debe garantizar es el acceso de la población a ese derecho. Por este motivo es que, al igual que en otras prácticas, se trabaja en red con diferentes profesionales que resuelven las situaciones en una institución u otra. Cualquiera sea la objeción, primero está nuestra obligación de garantizar el derecho a la salud de las personas", cerró.