Este martes, en la Legislatura de Santa Fe se realizó un debate abierto entorno a la necesidad de regular la actividad profesional para que en la provincia se pueda contar con un abogado del niño, una figura cuya necesidad salió a la luz recientemente con las polémicas separaciones de los menores "Kiki" y "Peque" de las familias solidarias que los cuidaban.
Bajo la consigna "Juntos podemos cambiar la niñez de muchos y el futuro de todos", jurisconsultos expusieron puntos de relevancia en torno a proyectos que desde hace tiempo buscan la aprobación en la Cámara de Diputados.
Tanto el legislador Jorge Antonio Henn como Carlos Del Frade, Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani ingresaron iniciativas que contemplan la creación un Registro Provincial de Abogados para personas en situación de vulnerabilidad comprendidas en la normativa de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de salud mental.
La figura de abogado del niño fue receptada por el artículo 27º de la Ley Nacional Nº 26.061 y, en el orden local, se encuentra previsto en el artículo 25º inciso e) de la Ley Provincial Nº 12.967 que pauta como garantía mínima de procedimiento que el niño sea “asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia”.
Ambas normas prevén que en caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado. No obstante, "es necesario para la Provincia contar con una Ley que paute reglas claras respecto de la designación de abogados del niño", y, del mismo modo, en orden a personas que padecen problemáticas vinculadas a su salud mental o a las adicciones en función del cambio de paradigma que importa dignificar a la persona discapacitada mental para colocarla en un "real y efectivo reconocimiento como sujeto de derecho".
"En virtud a que existe legislación insuficiente en esta materia, se necesitan pautas claras para la protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes como en el de internaciones involuntarias de personas con discapacidad mental o adicciones", fundamentó el diputado.
Familias solidarias y su pedido de un abogado del niño
Gustavo tiene 52 años y su esposa Karina 49. Juntos construyeron un hogar con cinco hijos y dos nietas al que desde hace dos años se incorporó a "Peque", de tan solo 34 días. Sin embargo, por orden de un juez, el niño les fue arrebatado.
"'Peque' no podía dormir, gritaba a la noche, cuando sentía un timbre como tenía miedo se escondía. Así enfermito, superado psicológicamente, mientras el juez nos contaba que no le iba a hacer lugar a la presentación de certificado médico para que se suspenda su partida por 30 días, el Estado volvió a violentarse con el bebé", contaba Gustavo hace cuatro meses en diálogo con Via Rosario.
"Pedimos la revocatoria y un abogado para el niño, que al menos haya un abogado que lo escuche a "Peque", porque él habla con su cuerpo, con su felicidad", planteó. Pero la solicitud fue desoída.
Otro caso es el de "Kiki". Sergio y Cristina lo acogieron en el marco del programa Familias Solidarias cuando tenía tres años. A un año y siete meses de ello, la pareja intentó adoptarlo pero el Estado se negó.
"Algunos se olvidaron que él es un sujeto de derecho. La jueza recusó al abogado del niño, un derecho que tiene por Constitución y por tratados internacionales. El argumento que utilizó fue que no hay conflictos", planteaba Sergio en abril, antes que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe ordenara que el menor volviera con ellos.
