Si bien los fideicomisos -también llamados construcciones “desde pozo”- son originarios del derecho anglosajón, se volvieron algo común en Argentina. No obstante, las personas del país le han comenzado a perder confianza debido al mal accionar de ciertos administradores, como es el caso del chaqueño Jorge Andrés Lafuente, condenado a tres años de prisión en suspenso por estafa.
Para entender este caso, hay que remontarse al año 2012, cuando Silvina Verónica Grillo y Alejandro Lino Giménez, un matrimonio de Resistencia, fueron seducidos por una propuesta de la firma Desarrollo Nuevos Hábitat S.A.. Todos sus ahorros se invirtieron en un sueño: la Torre Belgrano Plaza, ubicada sobre la Avenida Belgrano al 424.
En diálogo con VíaPaís, el doctor Walter Eduardo Repetto, abogado que representó a los damnificados, explicó que sus clientes pagaron 265.000 dólares por un departamento en dicha construcción “desde pozo”. Sin embargo, a pesar de que estaba previsto que terminara en 2014, esto nunca sucedió.
“Cuando se paralizó la obra, desde la empresa empezaron a dar excusas. El administrador argumentaba que tenía problemas con una vecina, la cual se quejaba porque la obra invadía parte de su terreno, y ninguno podía llegar a un acuerdo”, comenzó explicando. Sin embargo, luego descubrieron que sí habían hecho un trato, pero Lafuente no cumplió con su parte.
La mujer -en esa oportunidad- cedió su terreno para la construcción de otros departamentos, que por supuesto tampoco se terminaron. A partir de ahí, las sospechas crecieron y se llevó el caso a la Justicia. En este marco, el denunciado no pudo justificar a dónde había ido toda la plata que recibía, siendo que mes a mes intimaba a sus clientes a pagar las cuotas correspondientes.
Repetto indicó: “Manejaba las finanzas de la empresa a su antojo y luego no podía dar una explicación razonable sobre qué había hecho con ese dinero. Se descubrió que no era un administrador fiel y lo denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Debía manejar los números, rendir cuentas, y no ser el dueño del negocio”.
Estafa fiduciaria en Chaco: los denunciantes todavía no pudieron recuperar sus ahorros
A diez años de una inversión familiar, en donde se pusieron expectativas y proyectos futuros, Grillo y Giménez todavía no recuperaron su dinero. De momento, la jueza Natalia Kuray falló a favor de ellos y Lafuente fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de “Defraudación fiduciaria”, según la resolución judicial a la que pudo acceder VíaPaís.
Así se expresa en la sentencia emitida: “Jorge Andrés Lafuente, en su carácter de administrador de los fondos comunes de inversión, y en beneficio propio, perjudicó los bienes al no cumplir con la construcción y entrega del departamento y cocheras pactadas, tomando para sí la suma de dinero consistente en u$s265.744 pagada por Giménez y Grillo, hasta día de la fecha, y de esta manera defraudó los derechos de los cocontratantes”.
En un principio, ambos damnificados habían acudido al administrador inmobiliario debido a su buena reputación. El mismo manejaba una empresa que había hecho un edificio muy importante en la región, con lo cual no solo representaba un perfil de confianza, sino también alguien con solvencia económica.
No obstante, y lejos de eso, notaron que al pasar los años, la obra no avanzaba. “Antes de ir a juicio intenté dialogar con Lafuente, pero no quiso cumplir con lo que le propusimos y tuvimos que denunciarlo. En este caso fue una denuncia penal por incumplimiento”, comentó Repetto.
“Lo que yo pretendo es que se abone lo que se debe, lo que me adeuda de lo que yo pagué de buena fe y que se les paguen los honorarios a mis abogados que hicieron un intenso trabajo. Quiero lo que yo puse más los daños que me ocasionó todo esto, porque hace 10 años que estamos”, así manifestó Giménez en una de las audiencias de debate.
El desprestigio de la figura del fideicomiso
Si bien el abogado aseguró que tanto él como sus clientes están satisfechos con la condena que recibió Lafuente, este tipo de delitos en otros países recibiría una condena efectiva. Cabe aclarar que, en Argentina, al denunciado se le otorgó prisión en suspenso, es decir, no irá preso, pero deberá cumplir con una serie de requisitos impuestos.
Según explicó el letrado, esto se debe a que la Justicia lo ve desde una cuestión económica. En su opinión, sin embargo, no lo es, pues quien o quienes cometen estos crímenes después pueden seguir haciendo negocios de la misma manera.
“La figura del fideicomiso, lejos de ser una promotora de nuevos proyectos, hoy es como un ancla. La gente ya no quiere invertir, y estos personajes cooperan con esto, hacen que sea más difícil comerciar con ellos porque les tienen miedo”, señaló Repetto.
En este sentido, agregó: “Creo que es una condena ejemplar la que recibió simplemente porque se terminó con este proceso penal, que es muy largo y difícil, sobre todo para una persona en particular, si no está organizada con los demás inversores”.
Por eso describió esta situación como una lucha contra el sistema. Y las empresas se aprovechan de esto: muchos compradores prefieren simplemente que les terminen la obra o recuperar algo de sus ahorros. Así, manchan la figura del administrador fiduciario y generan desconfianza.
