En una audiencia realizada por el sistema de video conferencia, la jueza de garantías Mirta Moreno imputó a Katerin Segovia y Roxana Avalos (ambas con domicilio en la ciudad de Corrientes) los cargos de estafas reiteradas en carácter de coautora y partícipe para la primera de las mujeres, y por el mismo delito en carácter de partícipe necesario para Avalos.
Las nuevas imputadas se suman a otros integrantes más de una organización liderada por Martín Alcoba Sciortino a quien los investigadores sindican como la personas que daba las órdenes, planeaba los hechos e impartía las directivas al resto de los imputados.
Los investigadores de la Unidad Fiscal Especializada En Cibercrimen y Evidencia Digital (UFE) ya reunió la mayoría de las pruebas necesarias para poder probar el contacto con los clientes engañados (se estima unas 150 personas en toda la Argentina), la creación de las cuentas de wasap de falsos comercios dedicados a la venta de elementos de electrónica y cuentas falsas para el depósito del dinero por los elementos que nunca llegaron a sus compradores.
La base de la investigación fueron cinco denuncias de víctimas de la provincia del Chubut. Una de Rawson, dos de Puerto Madryn, una de Rada Tilly, una de Trelew y la restante de Comodoro Rivadavia. Todos fueron tentados por la venta de cámaras fotográficas digitales con precios que orillaron entre los 40 y 65.000 pesos.
Los abogados defensores Omar López (de Segovia) y Damián D'Antonio (abogado de Avalos) negaron que sus asistidos sean parte de la organización. D'Antonio agregó además de Avalos se trataría de una víctima a la que le usaron sus datos personales.
En cuanto a Alcoba Sciortino que se encontraba detenido mediante la modalidad de su arresto domiciliario, recuperó la libertad a instancias de los investigadores representados por la funcionaria de fiscalía Eugenia Dominguez y el fiscal general Fernando Rivarola.
Los investigadores creen que ya no existe su riesgo de fuga teniendo en cuenta la conducta exhibida hasta el momento y que no existen riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación, habida cuenta de lo avanzado de la investigación.
Sin embargo Alcoba Sciortino no podrá ausentarse del País y semanalmente deberá acreditar su permanencia en la ciudad de Corrientes. El defensor López adhirió a la propuesta de los representantes del Ministerio Público Fiscal y la jueza Moreno convalidó la iniciativa.
Las denuncias comenzaron a llegar a la Fiscalía de Rawson donde tiene su base operativa provincial la UFE, se realizaron varios allanamientos, importantes elementos y soportes de comunicación e informática resultaron secuestrados, además de un vehículo, todas pruebas que permiten asegurar estar ya en un avanzado estado de la investigación.
