“No nos hemos detenido un solo segundo, nuestra vocación es estar presentes todo lo que sea necesario”. Con esas palabras, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la tarea del Gobierno nacional contra la narcocriminalidad en Rosario, ante diputados de la oposición que denunciaron una caída de la inversión y la falta de un plan.
Tras haber admitido días atrás que “los narcos han ganado”, Fernández se presentó ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside el massista Ramiro Gutiérrez. “Yo no me rindo, al contrario, peleo todos los días por lo que necesito y lo que creo”, afirmó.
De esa forma, el ministro le contestó al santafesino Federico Angelini (PRO), uno de los más duros al momento de las preguntas: “Nosotros sí sabemos cómo vivimos, y a diferencia suya no nos rendimos ni nos vamos a rendir, porque a nosotros no nos ganaron los narcos”, retrucó.
“De los últimos 20 años, usted ocupó distintos lugares en 16 de esos años”, recordó Angelini, y tras repasar los cargos que ocupó Fernández en ese período, concluyó: “A usted le ganó, o peor aún, lo dejó ganar al narcotráfico”.
Sin embargo, el ministro defendió su gestión. “Hay que meterse en los barrios, y meterse en el barrio Las Flores… yo no sé cuántos se han metido en este momento”, dijo, y destacó la detención de Dylan Cantero, hijo de uno de los primeros jefes de la banda narco “Los Monos”, y otros familiares del clan.
Fernández viene de encabezar la presentación de 400 efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal para reforzar la seguridad en Rosario. Además, la Nación enviará a agentes del Ejército desarmados para urbanizar barrios populares.
En la reunión de Diputados, Fernández se desligó de la decisión de enviar al Ejército, ante un planteo del porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien consideró “inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército argentino desarmado en un lugar tan peligroso”.
“No tengo que ver con ese tema y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa. No he participado de ese tema”, se limitó a responder Fernández. La presencia del Ejército también recibió críticas de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda.
Al principio de su exposición, el ministro destacó que el año pasado la inversión en seguridad fue de $17.631 millones, de los cuales $8.895 millones fueron a la provincia de Santa Fe, en su mayoría a la ciudad de Rosario.
Sin embargo, el radical santafesino Juan Martín, vicepresidente de la comisión, denunció una “caída sostenida” de la participación de Santa Fe en los recursos nacionales destinados a seguridad interior. “Para el Gobierno, ¿es prioridad la seguridad de la provincia de Santa Fe?”, le preguntó al ministro.
En otro tramo de la reunión, Fernández informó que en 2022 se registró “la cifra más baja de homicidios dolosos de los últimos 20 años”, con una tasa del 4,3. Pero el santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO) aclaró que “Rosario quintuplica” esa cifra.
Por su parte, el macrista Angelini recordó que entre 2015 y 2019 “se había iniciado un camino con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, había un plan y una estrategia” y “se coordinaba” entre los gobiernos nacional, provincial y municipal.
“Bullrich iba entre dos y tres veces por mes y tenían permanentemente personal jerárquico del Ministerio de Seguridad en Rosario. Usted fue dos o tres veces desde que asumió”, le enrostró el diputado y aspirante a gobernador de Santa Fe.
En tanto, el socialista Enrique Estévez advirtió que de los cuatro años en los que Antonio Bonfatti fue gobernador (balearon su domicilio en 2013), la entonces presidenta Cristina Kirchner “no lo recibió ni una sola vez”.
Estévez también denunció que “en Santa Fe hace más 40 años que tenemos la misma infraestructura de la Justicia Federal” y “el 33% de sus cargos hoy están vacantes”. Además, pidió acelerar la implementación del Código Procesal Penal y constituir la comisión bicameral de monitoreo de esa aplicación.
Fortalecimiento de la Justicia en Santa Fe
En la previa de la interpelación a Fernández, diputados del oficialismo y la oposición firmaron dictamen sobre un proyecto de ley consensuado entre los 16 representantes de Santa Fe. Fue en un plenario de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, donde hubo cruces por las responsabilidades políticas en torno al tema.
La iniciativa va en línea con la demorada aplicación del sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que pone la investigación en cabeza del Ministerio Público Fiscal y apunta a simplificar y agilizar los juicios. El Código, aprobado en 2014, comenzó a implementarse primero en Salta y Jujuy, y las siguientes provincias son Santa Fe y Mendoza.
Para eso se crean en la provincia 27 cargos de fiscal federal penal, de los cuales 15 tendrán asiento en Rosario, 7 en Santa Fe, uno en Rafaela, uno en Reconquista, uno en San Lorenzo, uno en Venado Tuerto y uno en San Nicolás, provincia de Buenos Aires (límite con Santa Fe).
También se crean en esas ciudades 9 cargos de defensor público oficial; 7 de juez penal federal con funciones de garantía; 6 de juez penal federal con funciones de revisión; y 2 de juez penal federal con funciones de ejecución.
La iniciativa estaba presentada desde mayo del año pasado, pero nunca había sido tratada, lo que causó enojos dentro del propio oficialismo. De hecho, el único diputado alineado al gobernador Omar Perotti, Roberto Mirabella, negó el quórum en la última sesión del año pasado y amagó con irse del bloque.
“Empezamos a tener en agenda este tema a fines de 2021, en una reunión de todos los legisladores nacionales de Santa fe con el gobernador Perotti. Trabajamos varios meses en una mesa con todos los bloques para poder llegar a un texto unificado”, destacó Mirabella.
El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (también santafesino) descartó que el tratamiento del proyecto se deba al tiroteo contra el supermercado de los suegros de Lionel Messi: “Cuando se dice que esto es el resultante de lo que pasó la semana pasada, no me gusta que nos pongan en ese lugar”.
“No quiero entrar en chicanas de por qué no se trató en diciembre. Lo que nos está pasando en Rosario no admite chicanas desde hace diez años”, dijo Martínez.
El socialista Enrique Estévez advirtió que “si las instituciones funcionaran como corresponde, no deberíamos estar acá tratando este proyecto”, y cuestionó la demora en constituir la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal.
Estévez recordó que la última vez que se reunió esa bicameral fue en 2019 y responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que para constituir la comisión solo falta nombrar a los senadores (los diputados ya fueron nominados).
Desde La Cámpora, Marcos Cleri criticó en duros términos la visita de dirigentes opositores a la provincia, como Horacio Rodríguez Larreta el último fin de semana. “El turismo electoral político es un carancheo que solicitamos que dejen de hacer, porque con la seguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer el crimen organizado”, lanzó.
La radical Ximena García, también se Santa Fe, le salió al cruce. “Trabajamos durante meses sin ninguna especulación política en un proyecto en común”, aclaró, y tras cuestionar la “falta de respeto” de Cleri apuntó contra “la desidia del gobierno nacional y provincial”.
El debate duró casi tres horas y media y ahora resta el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que quede habilitada la votación en el recinto.
