La denuncia penal de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género puso a la política en estado de shock. El caso motivó un mensaje del presidente Javier Milei y abrió una grieta en Unión por la Patria, donde una parte del bloque de diputados defendió a la exprimera dama, mientras que la UCR también expresó preocupación por las acusaciones y el PRO presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal.
En una publicación en redes sociales, Milei salió a la carga contra la “estafa” de las “políticas de género” de la gestión anterior. “Utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan, como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos”, advirtió.
Milei remató con más críticas: “Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etcétera. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.
Asimismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno va a “colaborar con la Justicia” y agregó: “Apelamos a que la Justicia funcione lo más rápido posible y que si hay algún culpable, vaya preso”.
La interna peronista alrededor de la denuncia
Una parte de Unión por la Patria no rehuyó al tema: 39 de los 99 diputados del bloque presentaron un proyecto de resolución en defensa de Yañez, en la previa de la sesión que fracasó este miércoles en la Cámara Baja.
Allí expresan su “profunda preocupación” por la denuncia de la expareja de Fernández y sostienen: “En estos casos, siempre le creemos a la víctima”. Además, exhortan “a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes”.
La iniciativa fue liderada por la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, quien tenía previsto referirse al tema en la sesión que se frustró. También firmaron el jefe de la bancada, Germán Martínez; la expresidenta de la Cámara baja durante la anterior gestión, Cecilia Moreau; exministros como Martín Soria y Daniel Arroyo; y, sorpresivamente, un diputado que fuera parte del círculo íntimo de Fernández: el porteño Eduardo Valdés.
No obstante, otros diputados cercanos a Alberto, como la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, y el excandidato a jefe de Gobierno porteño Leandro Santoro, no firmaron. Tampoco lo hizo Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Kirchner. “Hay una utilización política del tema”, se escuchó en el sector que no adhirió. En ese sentido, fuentes parlamentarias reconocieron que el proyecto causó “enojo” al interior del bloque.
En tanto, el radicalismo expresó “su solidaridad, acompañamiento y pedido de Justicia para Fabiola Yañez y todas las mujeres víctimas de violencia de género”. Lo hizo en una declaración encabezada por el titular del partido, el senador Martín Lousteau.
“Las acusaciones contra Alberto Fernández son gravísimas. Fue un presidente de la democracia y de él se debía esperar, al menos, ejemplaridad. Una vez más con sus actos desmintió lo que decía sostener”, advirtió la UCR, y pidió que “la Justicia lleve adelante un proceso ejemplar para llegar a la verdad y que el expresidente se someta al proceso como un ciudadano más”.
El proyecto del PRO
Por su parte, un grupo de diputados del PRO, encabezados por el presidente del bloque, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para que la violencia de género sea un delito de instancia pública, buscando que el Estado intervenga sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de la víctima.
La iniciativa contempla la modificación del artículo 72 del Código Penal, que clasifica ciertos delitos como “de instancia privada”, entre los que está la violencia de género. Con este proyecto, cualquier fiscal podría intervenir e investigar de hecho cuando se toma conocimiento de que una mujer es víctima de violencia por su condición humana.
“Cuando una mujer sufre violencia es una situación en la que el miedo, la coerción y la presión social hacen que la víctima no realice la denuncia, principalmente, por temor. Por eso, esta ley busca apoyarlas en el proceso de hacer la denuncia y faculta a la Justicia a poder hacerlo por motu propio”, explicaron los diputados del PRO.
