La inclusión de sindicatos y organizaciones sociales al control de precios y abastecimiento, que el Gobierno nacional habilitó tras la difusión de que la inflación de diciembre fue de 5,1%, desató una ola de rechazos y denuncias.
La suba de precios del mes pasado estuvo por encima de lo deseado por el Palacio de Hacienda, que aguardaba una variación menor a la de noviembre (4,9%) para consolidar una tendencia decreciente que sustentara los acuerdos firmados con diferentes sectores de la producción y el comercio.
Para el objetivo del Ministerio de Economía de que la inflación se ubique por debajo de 4% en abril resulta fundamental lo que ocurra en el primer mes del año.
En ese contexto, la Secretaría de Comercio anunció la semana pasada que se fortalecerían los controles en los supermercados para verificar el cumplimiento del programa “Precios Justos”, principal herramienta del Gobierno para detener la escalada inflacionaria. Para ello, a los inspectores oficiales se sumó al gremio de Camioneros y, en forma paralela, algunas organizaciones sociales desempolvaron un viejo compromiso de colaborar con la tarea.
“Junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de Camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento”, dijo el secretario de Comercio, Matías Tombolini.
Se suman las críticas a la propuesta
La estrategia fue cosechando críticas durante las últimas horas e hizo eclosión este lunes cuando desde diferentes sectores salieron a rechazar la intromisión del gremio, mientras se viralizaba un imagen de Moyano junto a uno de sus más estrechos colaboradores, Oscar Borda –líder de la rama Logística del sindicato-, transitando los pasillos de un galpón de un supermercado.
Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) relativizaron la presencia de “Camioneros” y reclamaron que se apunte a las empresas productoras como las responsables por los faltantes.
“Entendemos que la participación de Camioneros en los operativos dispuestos por la Secretaria de Comercio, es un tema secundario”, señalaron. Y agregaron: “Lo trascendente de que se hagan estos controles es que apunten a lo que es la clave del éxito del programa que no es otra cosa que el abastecimiento”.
ASU consideró que “examinando los centros de distribución y confrontando los pedidos de las cadenas y las entregas efectuadas por los proveedores queda clara la responsabilidad de los faltantes que se puedan llegar a ver en las góndolas, no es atribuible a las cadenas de supermercados”. “Es importante determinar dónde se generan los faltantes”, agregaron.
Frente a este escenario, la exdiputada Elisa Carrió anunció que presentará una demanda penal contra el presidente, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tombolini, por utilizar “elementos parapoliciales” para controlar los precios. “Están quebrando el Estado de Derecho”, enfatizó.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, calificó a la acción como “ilegal” y subrayó que el “Gobierno manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie (organización social) a patotear centros de distribución”.
En tanto, el actual diputado, Ricardo López Murphy, sostuvo que “mandar a los Moyano a vigilar supermercados es legitimar el apriete los bloqueos y las mafias”.
Previamente, la Unión Industrial Argentina (UIA) había consignado que este tipo de tareas son “obligaciones indelegable del Estado” y afirmó que “tercerizar esa función genera mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses”.
En la misma línea se pronunció la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina que advirtió que “el sindicato de Camioneros no está capacitado” para esta tarea. El titular de esta entidad, Ricardo Espinoza, calificó a la medida como “un anuncio mediático que ni tan siquiera pase de esta semana”.
Al igual que Carrió, la Fundación Apolo denunció a Tombolini por “incumplimiento en sus deberes de funcionario público”.
La postura del Gobierno
Con la polémica desatada, Moyano ratificó que su accionar obedece a un acuerdo con el Gobierno: “Tombolini nos pidió controlar los centros de distribución de los grandes supermercados”, reveló.
El programa “Precios Justos” tiene un cumplimiento en cuanto a abastecimiento menor al 70% y Moyano le apuntó a esos puntos de venta por el desabastecimiento. “Salían diez camiones con X cantidad de productos y en los supermercados sólo había dos góndolas con esos productos”, afirmó el gremialista.
Desde la Secretaría de Comercio señalaron que a Camioneros “se le pidió colaboración en operativos en centros de distribución para controlar el arribo de la mercadería desde los proveedores y verificar que coincidiera con el remito que nos daba el supermercado y así chequear cuestiones de abastecimiento”. “Ellos no controlan, sino que nos dan la información”, enfatizaron.
Sobre la participación de las organizaciones sociales, desde la dependencia tomaron cierta distancia: “No trabajamos directamente con ellas. Hace tres meses hubo una charla en la que se planteó la posibilidad divulgar entre las organizaciones la aplicación de Precios Justos, que permite entre otras cosas denunciar ante la secretaria en caso de faltantes”.
Esta interpretación fue confirmada por el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien sostuvo que “hay un desfasaje muy grande de precios en los barrios populares”.
Pese a que ya la aplicación y el programa “Precios Justos” está operativo desde hace dos meses, el representante barrial dijo que entre fines de enero y principios de febrero estarían en condiciones de prestar su colaboración.
