El Vocal de Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná Virgilio Galanti resolvió este jueves 26, admitir parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
En consecuencia, resolvió decretar "la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo importen reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad aquí se dispone" asegura el fallo.
Los artículos que se declararon nulos, son aquellos que disponían menores distancias de fumigaciones, por lo que vuelven a estar vigentes las distancias fijadas por el anterior fallo de la justicia (Juez Benedetto, Octubre de 2018), es decir, 1000 metros para fumigaciones terrestres y 3000 para fumigaciones aéreas.
El decreto tenía como finalidad implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en todo el territorio entrerrianos, precisamente en inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Por su parte el fiscal de Estado,
Julio Rodríguez Signes
en diálogo con el
decía "
Se dictó sentencia de primera instancia
. Es lo que tenía que pasar en ese proceso de amparo. El juez a las 17:30 de este jueves nos notificó. Es una sentencia larga, tiene más de 60 páginas, hay que analizarla, pero lo que se puede anticipar es que la fiscalía de Estado apelará la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia porque hace lugar parcialmente a la demanda y declara inconstitucionales algunos artículos importantes del decreto 2239".
Recordó que el decreto 2239 reglamenta la aplicación de plaguicidas en cercanías de escuelas rurales. Es un sistema, no es solamente un decreto que refiera a distancias sino que tiene un montón de otras cosas, como unidades centinela, de control y demás. Eso quedó firme. Respecto de las distancias hay un criterio de este juez de sostener lo mismo que sostuvieron los jueces anteriores, Bendetto y Marfil, que forman parte de la misma Cámara".
"Sostenemos que el decreto es completamente constitucional, legítimo y por eso vamos a apelar al STJ", resaltó, Rodríguez Signes quien además agregó, "se apela dentro de las 24 horas; lo haremos este viernes. Luego hay tres días corridos para expresar los fundamentos".