Una audaz jugada realizó el senador Guillermo Snopek buscando poner en jaque las candidaturas de sus dos principales contendientes en la puja por ganar la gobernación de la Provincia en los comicios del domingo próximo.
A uno, el radical Gerado Morales, lo acusó de estar pergeñando negocios a favor de -nada más y nada menos- que el presidente del Partido Justicialista provincial y diputado Rubén Rivarola; y al otro, Juio Ferreyra, le echó encima un manto de sospechas al exhibir la copia de un documento que probaría una reciente operación inmobiliaria que Snopek supone vinculada a los rumores de compra-venta de candidaturas en las listas del Frente Justialista.
Según que pretendería llevar adelante el Gobierno.
"Lo de la privatización o tercerización del sistema de salud pública es un negocio que tiene nombre y apellido, porque detrás de todo esto -denunció- están Gerardo Morales y el empresario Rubén Rivarola", quien, entre otras empresas asentadas en la provincia, es propietario de un sanatorio en la ciudad de Palpalá.
Dijo Snopek que la decisión de llevar el tema a la OA "surgió después de escuchar y mantener reuniones con diversos actores de la salud, quienes advirtieron sobre la situación que se avecina".
De la cuestión con Ferreyra, dijo que el propósito es "que se esclarezca la situación patrimonial" del exdirector del Registro Civil, quien a su vez admitió la compra de un inmueble pero explicó que la operación se produjo "justo el día antes de que me echaran del cargo", según dijo en una conferencia de prensa.
"Hemos tomado conocimiento y pusimos a disposición de las autoridades -putualizó Snopek- las maniobras de compra y venta de cargos electivos dentro del Partido Justicialista, que no hacen otra cosa que poner a la luz los negocios que involucrarían a Rubén Rivarola y al exdirector del Registro Civil de la Provincia y ahora candidato por el Frente Justicialista, Julio Ferreyra".
De sus investigaciones surge que "el candidato Ferreyra transfirió a favor de su hija, candidata a diputada provincial por el mismo sector, una propiedad ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy", agregó el referente de JPJ.
"Planteamos esta situación porque Ferreyra fue hasta hace poco tiempo funcionario de Gerardo Morales y se vio envuelto en un escándalo por una supuesta venta de candidaturas. Ferreyra tiene que dar cuenta como exfuncionario a la Unidad de Información Financiera y decir de dónde salieron los recursos para la adquisición que efectuó, y si los mismos fueron lícitamente obtenidos o no. Él dice que ese dinero fue ahorrado mientras ejercía la función pública, pero el monto no es conteste con las declaraciones juradas que había presentado años anteriores", señaló puntualmente el candidato a gobernador.
Cabe decir que Ferreyra y Rivarola negaron y rechazaron de plano las acusaciones, en una conferencia de prensa en la que hicieron su descargo y respondieron con duros conceptos lo que consideraron un ataque de los líderes de JPJ.
