El líder del Congreso peruano, José Jerí, juramentó la madrugada del viernes como el presidente interino de Perú luego que el Legislativo destituyó por “permanente incapacidad moral” a la mandataria impopular Dina Boluarte en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad.
“Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país”, dijo Jerí, un abogado de 38 años, quien afirmó que gobernará hasta el 28 de julio de 2026 cuando entregará el poder al próximo jefe de Estado que será elegido en los comicios generales de abril.
Destitución de Boluarte
La destitución de Boluarte añadió un nuevo capítulo a la inestabilidad política que vive Perú desde 2018 y en la que el país sudamericano ha sumado siete presidentes, incluido el nuevo mandatario Jerí. Tres fueron removidos por el Parlamento, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un presidente interino terminó su mandato.
Los legisladores habían votado la noche del jueves a favor de aceptar cuatro solicitudes de destitución de Boluarte, alegando la incapacidad de su gobierno para frenar la delincuencia. Superaron el mínimo de 56 votos requerido para cada solicitud, lo que abrió la puerta a la votación de la vacancia en el Congreso unicameral de 130 miembros.
Los legisladores solicitaron entonces que Boluarte compareciera ante ellos poco antes de la medianoche para defenderse, pero al no presentarse, votaron inmediatamente a favor de su destitución. En poco tiempo, 124 legisladores votaron a favor de la remoción de la mandataria de 63 años.
Casi tres años de Boluarte en el poder
Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día Castillo intentó disolver el Parlamento, pero el Legislativo contraatacó y lo removió del cargo por “incapacidad moral”. Castillo está detenido de forma provisional mientras es juzgado por acusaciones de rebelión e investigado por presuntos cargos de corrupción.
La destitución de Boluarte ocurre a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.
Desde el inicio de su mandato se habían presentado ocho pedidos legislativos de vacancia en contra de la presidenta, pero ninguna había prosperado debido a la protección que ella tenía de los principales grupos legislativos. Boluarte no contaba con bancada legislativa propia.
Pero esta vez la crisis política se agravó y el otrora respaldo legislativo con que contó la mandataria se terminó, luego que la noche del miércoles se produjo un ataque armado en contra uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, que dejó cinco heridos de bala. El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad —en especial de los asesinatos y extorsiones— que el gobierno de Boluarte no logró detener.
Boluarte atribuyó el miércoles la situación en parte a los inmigrantes que viven en el país sin documentos.
“Esta delincuencia se ha gestado durante décadas y se ha visto reforzada por la inmigración ilegal, que los gobiernos anteriores no han logrado combatir”, declaró durante una ceremonia militar. “En cambio, han abierto las puertas de nuestras fronteras y han permitido que los delincuentes entren en todas partes... sin ninguna restricción”.
La primera mujer presidenta de Perú fue la jefa de estado con mayor impopularidad desde 1980, según los datos de diversas encuestadoras.
El alza de los asesinatos y extorsiones que golpea sobre todo a ciudadanos de la clase trabajadora generó duras críticas a la mandataria, en un país donde en 2024 hubo 2.082 asesinatos, la cifra anual más alta desde 2017 cuando apenas hubo 676 homicidios, según datos oficiales. Mientras tanto, las denuncias por extorsión también se dispararon en la gestión de Boluarte cuando pasaron de 16.333 en 2022 a 22.348 en 2024.
Por ello las principales bancadas legislativas que protegieron a Boluarte en su gobierno de dos años y 10 meses anunciaron el jueves que iban a votar para destituirla. El partido Fuerza Popular, de la política Keiko Fujimori; Alianza para el Progreso, del gobernador César Acuña; y Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López-Aliaga, criticaron su falta de iniciativa para enfrentar la delincuencia.
Expertos indicaron que tanto Fujimori, Acuña y López-Aliaga tienen intenciones de postular en las elecciones presidenciales de 2026.
*Con información de la agencia AP.
