Ante el debate público por la situación de los jubilados, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) propone una reestructuración del sistema previsional a partir de la reformulación de regímenes especiales que cuentan con beneficios especiales que generan inequidades y desequilibrios.
CIPPEC pone el foco en unos 200 regímenes de excepción, que absorben el 40% de los beneficios previsionales que se entregan en la Argentina, porcentaje que está muy por encima de cualquier comparación internacional. En esos programas los haberes son en promedio 65% superiores a los que se pagan en el régimen general.
Estos regímenes además implican un gasto público significativo y en 2023 demandaron cerca de un 5% del PIB.
El exhaustivo trabajo del CIPPEC divide a estos regímenes especiales en cinco categorías:
- Regímenes diferenciales: destinados a quienes tuvieron trabajos arduos o peligrosos, que podrían causar envejecimiento prematuro.
- Regímenes especiales: otorgados por méritos extraordinarios.
- Regímenes para Fuerzas Armadas y de Seguridad: administrados por entidades independientes y justificados por mérito y especificidad del trabajo.
- Sistemas provinciales y cajas profesionales independientes. Con fundamento en diferencias históricas y legales.
- Pensiones no contributivas: dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad (invalidez, madres de siete hijos) por mérito (expresidentes, jueces de la Corte Suprema, ganadores de medallas olímpicas y premios Nobel), o en compensación (excombatientes de Malvinas, víctimas de terrorismo de Estado), entre otros.
“Estos regímenes generan problemas de equidad, ya que implican privilegios en relación a quienes están en el régimen general”, sostiene la organización.
Asimismo, afirma que “la sostenibilidad del sistema también se ve afectada, dado que los recursos destinados a estos regímenes no pueden ser usados para otros fines sociales”.
Para CIPPEC “la fragmentación normativa e institucional debilita la eficiencia del sistema previsional, generando una estructura desigual”.
La propuesta de reforma integral se basa en la reducción de estos regímenes de excepción y “que la mayor parte de la ciudadanía participe en el régimen general, asegurando mecanismos de financiamiento transparentes cuando sea necesario”.
La palabra de uno de los creadores del proyecto
Rafael Rofman fue uno de los impulsores de este proyecto y en diálogo con La Voz del Interior ofreció detalles, pero siempre haciendo foco en la unificación, que obviamente debe contemplar tiempos políticos y sociales.
LVI: ¿Un cambio de estas características tendrá impacto político y social?
RF: Por supuesto y es entendible porque hay que tener en cuenta el contexto político y social. Es posible que haya que avanzar por etapas, con plazos y objetivos, pero no porque sea complicado no hay que hacerlo o incluso hacerlo parcialmente. Me parece importante que cualquier medida sea parte de una estrategia. Si queremos ir a un modelo unificado, pero el camino es avanzar con 10 primeros y con 20 después porque es más razonables, puede ser parte de una estrategia; pero hay que hacerlo.
LVI: ¿Cómo podría realizarse la unificación propuesta sin afectar derechos adquiridos?
RF: Los derechos adquiridos se mantienen para quienes ya son los beneficiarios. No existe el derecho adquirido en expectativa y si hay un cambio de régimen los nuevos jubilados lo harán bajo las condiciones que se establezcan. No obstante, es lógico que cualquier reforma deba atender la situación de la población. No se le puede decir a alguien que se jubilaba mañana que lo hará en cinco años. Se debe contemplar un sistema de gradualismo que atienda la cuestión social.
LVI: En un ejemplo concreto ¿A los fines del régimen para ud es lo mismo un policía, un mecánico o petrolero?
RF: Un principio que estamos trabajando es que los beneficios tienen que depender de los recursos que las personas consiguieron y aportaron y no de la actividad. En todo caso las diferencias entre labores deben darse durante el período de actividad y no debieran impactar en la jubilación. Quien hubiese hecho más aportes debiera tener mayores beneficios.
LVI: ¿Cuáles son los regímenes especiales de mayor envergadura?
RF: Los que involucran más recursos son los provinciales, los docentes y las pensiones no contributivas por invalidez. Y hay otros importantes, como retiros militares, policiales, esquemas particulares como mineros y trabajadores de algunas ramas de transporte.
LVI: Le doy un ejemplo, el de los trabajadores gráficos.
RF: Es un sector que sirve para explicar la situación. Durante muchos años los gráficos tuvieron un régimen especial por condiciones de salubridad. Es una mala idea, porque algunos están expuestos, algunos no porque trabajan en otras áreas, algunos trabajan en plantas más modernas, algunos de los que trabajaron con plomo no fueron afectados y otros fueron muy afectados y todos se jubilan entre 5 y 10 años antes. Eso no tiene lógica. Es preferible que los que fueron afectados tengan derecho a una pensión por invalidez Porque No es un problema colectivo sino de personas.
LVI: ¿La edad de retiro debe ser la misma para mujeres y varones?
RF: Sí. Las mujeres tienen problemas propios del género por trabajos de cuidados, crianza de sus hijos y demás. Son temas que no se resuelven si se jubilan cinco años antes. Deben buscarse las soluciones sobre los problemas que tienen durante su vida activa con mejores políticas públicas o legislación laboral, pero no con la edad de jubilación.
LVI: ¿Cómo se manejarían las cajas provinciales?
RF: Las Cajas provinciales existen porque la Constitución Nacional lo prevé. Si la provincia quiere lo debe mantener. Pero pensando desde una la política pública, me cuesta mucho entender cuál es la ventaja de tener cajas provinciales en lugar de un sistema nacional. Es lógico y razonable que la educación o la salud las manejen las provincias la cercanía, pero que la previsión social sea provincial es difícil de justificar desde términos técnicos conceptual. Pero es absolutamente legal. La mayoría de las cajas provinciales son deficitarias y algunas que no lo son se debe a que los empleadores (o sea los mismos estados provinciales) pagan más aportes. Es un problema grave para algunas provincias, aunque no es el caso de provincias como Córdoba que están bien administradas.
