Integrantes de la Justicia de la provincia iniciaron un megaoperativo en el centro de la ciudad este miércoles 13 de noviembre. Allanaron la Municipalidad de Córdoba y detuvieron a tres funcionarios.
Allanaron la Municipalidad de Córdoba y detuvieron a tres funcionarios
El fiscal Guillermo González, del Distrito I turno II, ordenó el procedimiento en el octavo piso del Palacio 6 de Julio. La decisión se desprende de la causa que investiga la emisión de habilitaciones falsas de bomberos en Córdoba.
Los primeros resultados culminaron con la detención de tres nuevos integrantes del plantel municipal. En este caso, todos son inspectores que trabajan en el área de Fiscalización y Control.
Córdoba: quiénes son los tres funcionarios detenidos
El fiscal de instrucción Guillermo González ordenó las aprehensiones de Luis Ponce, de 57 años; Mónica Silva, de 47; y Diego Silva, de 24. Todos están acusados de haber exigido a manteros un pago mensual para permitirles seguir ofreciendo sus productos en las calles del centro.
Aparentemente, los tres funcionarios municipales ya habían sido registrados en videos que se hicieron virales en la red social TikTok.
Habilitaciones truchas en Córdoba: el rol de los acusados
Más de 10 personas ya fueron aprehendidas y se encuentran con prisión preventiva producto de la megacausa. Todavía se averigua el alcance de las emisiones truchas de documentos para que comercios puedan operar a lo largo de la ciudad y la periferia.
El jurista de Instrucción del Distrito I turno II especificó en su investigación que Julio Zárate, Eduardo Arturo Rivadero, Marcos Fernando Luquez, José Leonardo Gorosito, Roque Javier Olmedo, Mario Javier García, Félix Rafael Calama y Leandro Rodríguez serían los integrantes de la banda delictiva.
Zárate está acusado de ser jefe de la organización delictiva y los restantes como miembros de la misma. Rivadero, habría aprovechado su posición para la confección material de los certificados apócrifos.
Luego, Luquez lo habría suplantado cuando el mencionado se retiró. Rodríguez gestionaba y proveía a terceros certificados finales de bomberos falsos para lograr ilegalmente y de forma ulterior la habilitación municipal.
Por su parte, Gorosito, se encargaba de ser el chofer en la subjefatura de Policía y habría aprovechado sus contactos e influencias para obtener rápido los certificados ilegales. Olmedo está acusado de haber puesto en uso sus conocimientos sobre higiene y seguridad y, junto a García y Félix Calama, se habrían concentrado en fraudulentar la realidad de los locales.
