Arranca el megajuicio por el motín policial de 2013 en Córdoba
Por desobediencia y por incumplimiento de sus deberes públicos, serán juzgados 56 uniformados.
Redacción Vía Córdoba
26 de febrero de 2018,
Desde este lunes, un jurado popular reunido en la Cámara 12ª del Crimen analizará la conducta que 56 integrantes de la Policía de Córdoba mantuvieron durante el acuartelamiento del 3 y el 4 de diciembre de 2013.
El descontento por sus condiciones laborales desató la huelga y llevó a los uniformados a negarse a responder las órdenes de salir a cumplir sus tareas y realizaran una suerte de "paro" de las fuerzas de seguridad.
Eso, trajo como consecuencia que se generaran en Córdoba numerosos saqueos a comercios y a viviendas, y hechos de violencia entre vecinos o comerciantes contra supuestos saqueadores, que terminaron con un civil muerto.
Cabe aclarar que en este caso, lo único que está presente para ser juzgado es el núcleo de policías que inició la decisión de dejar de trabajar.
Luego de iniciar una pequeña protesta, en el sudeste de la ciudad, los rebeldes comenzaron a incitar, verbal y públicamente, tanto al resto de las personas allí presentes, personal policial en actividad y retirado, cuanto a uniformados que iban arribando al lugar, a convocarse en la base del Comando de Acción Preventiva Distritos IV y V”.
La convocatoria era para concentrarse en la base de Ampliación Cerveceros.
A un grupo más grande se le reprocha que "habría utilizado los vehículos y elementos de comunicación cuyo uso y conservación les pesaba para el cumplimiento de su labor como fuerza de seguridad provincial" para "una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados", con lo que "habrían afectado la normal prestación del servicio de seguridad a la población en general y la prevención del delito", según sostiene la acusación del fiscal Raúl Garzón.
Gustavo Reinaldi (presidente), María Gabriela Bella y Mario Capdevila son el tribunal que juzgará a estos policías.
Habrá tres salas: la de audiencias, con el tribunal, los 56 acusados, sus defensores y los acusadores; una destinada a familiares y a público; y la restante, a la prensa.
El seguimiento en los dos últimos recintos será a través de videoconferencia.
Se estima que el juicio puede extenderse, al menos, dos o tres meses por la cantidad de testigos que declararán.
Entre ellos, se prevé la presencia del exgobernador José Manuel de la Sota, de Oscar González (a cargo del Ejecutivo en ese momento), de Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad) y de los jefes policiales de entonces, entre otros.
Raúl Garzón es el fiscal que lleva adelante la acusación y Miguel Ortiz Pellegrini es el abogado de 42 policías que estarán en el banquillo.