Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández donde puntualizó las medidas de restricción para tratar de frenar los contagios a raíz de la llegada de la segunda ola de coronavirus, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires espera que la Corte Suprema de Justicia reafirme la autonomía de la Ciudad para poder continuar con las clases presenciales, al menos en algunos niveles.
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Cabe recordar que el DNU obliga a mantener las escuelas cerradas en la Capital Federal y el la provincia de Buenos Aires ante el riesgo del colapso sanitario en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
La administración porteña a cargo de Horacio Rodríguez Larreta espera, por estos momentos, un fallo “ordenador” que ponga claridad en la disputa que mantienen desde hace dos semanas con el Gobierno nacional.
Cabe recordar que este jueves, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, señaló que el último DNU que suspendía la apertura de establecimientos educativos es inconstitucional. El magistrado indicó en su dictamen que faltaron fundamentos para tomar esa decisión y destacó la autonomía de la Ciudad frente al poder central.
En estos momentos, el gobierno porteño analiza si deben ampliar los términos del primer amparo que se presentó contra aquel DNU para mantener la presencialidad de las clases. Mientras tanto, espera que el máximo tribunal les reconozca la autonomía para decidir con respecto a la educación.
“Nos colocan en una situación similar a la de hace dos semanas”, dijo un funcionario del gobierno porteño a Clarín apenas concluyó el anuncio del Presidente, que mantiene las restricciones hasta el 21 de mayo.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que las cifras demuestran que las escuelas no son foco de contagio y que la gran mayoría de los traslados a las instituciones educativas se realizan sin utilizar el transporte público. Dado que la mayoría de los estudiantes viven en un rango de 10 cuadras a la redonda.
Por este motivo, las autoridades porteñas esperan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de la misma forma en que lo hizo el procurador Casal en medio de una nueva disputa entre la Nación y la Ciudad por la presencialidad de las clases.
“Se advierte que desde el regreso a la modalidad presencial del dictado de clases siempre se les confió a los gobiernos locales su eventual suspensión temporaria así como su reinicio, de acuerdo con la evaluación que sus titulares realizaran del riesgo epidemiológico. Sin embargo, ese criterio fue modificado por el mismo Estado nacional sin que se aprecien fundamentos acerca de los motivos por los cuales reasumió facultades en relación con una actividad y que había dejado en manos de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y sólo en relación con una región que abarca a esta última”, había indicado el jefe de los fiscales.
En este sentido, Casal consideró en ese entonces que el DNU de mediados de abril es inconstitucional y entendió que los argumentos en los que basó el Gobierno su DNU “no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”.
