La ley que delega facultades en el Poder Ejecutivo para gestionar la pandemia tiene un destino todavía incierto en la Cámara de Diputados. Ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de otros bloques minoritarios -casi calcado a la resistencia que genera la reforma judicial-, el Frente de Todos no tiene aún los votos para sancionar la norma pedida por el presidente Alberto Fernández.
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El Gobierno pretendía tener la ley con premura para terminar con los sucesivos DNU, pero al bloque de Máximo Kirchner -con 117 propios- le faltan, en principio, seis votos para lograr el quórum el día de la sesión. Hasta ahora, las negociaciones solo alcanzaron para sumar a los seis integrantes del interbloque presidido por José Luis Ramón.
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, que todavía no definieron fecha para el debate. En el Senado, el Frente de Todos retocó el texto original, con un ojo puesto en Diputados. Pero ningún cambio parece ser suficiente cuando la oposición advierte sobre una falla de origen: la supuesta violación de las autonomías provinciales.
Así lo entienden tanto Juntos por el Cambio como otros bloques minoritarios. En general, todos están abiertos a discutir los parámetros sanitarios para la clasificación de zonas según su riesgo -el denominado “semáforo epidemiológico”-, pero no aceptarán ceder facultades que, sostienen, son propias de los gobernadores y no del Congreso Nacional.
A la negativa de Juntos por el Cambio -que tiene 115 diputados, con una de licencia- se suman los cuatro de Córdoba Federal, tres de Consenso Federal, Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), la tucumana Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social) y los dos del Frente de Izquierda.
“Nosotros no lo vamos a votar. Sería ir en contra de los principios provinciales constitucionales y nacionales. Como diputados, no podemos hacer semejante cosa. Por más que se hayan hecho modificaciones, si se mantiene la potestad del Ejecutivo no lo vamos a acompañar”, sentenció el presidente de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez.
En diálogo con Vía País el legislador reconoció: “Si se trata de avanzar con el establecimiento de criterios comunes que puedan discutirse en el ámbito del Consejo Federal de Educación, o de criterios más uniformes en torno al tema epidemiológico y de salud, no tendríamos inconvenientes”. Pero advirtió que “en este proyecto hay un avance sobre las autonomías provinciales” y concluyó: “Estamos abiertos a discutir los criterios, pero no en este marco”.
En el lavagnismo creen que una salida posible sería la firma de un “pacto federal” entre el presidente y los gobernadores, similar a los consensos fiscales, con la posterior ratificación del Congreso. “Si se aprueba la ley, algo que dudo, va a ser declarada inconstitucional. Un pacto federal sería un marco institucional adecuado”, consideró Alejandro “Topo” Rodríguez.
La neuquina Sapag tiene una propuesta en la misma línea: “Se deben hacer convenios con las provincias, no leyes, de acuerdo a su realidad sanitaria. Que cada provincia pueda convenir a su arbitrio las condiciones que está dispuesta a aceptar, y que esos convenios pasen por las legislaturas provinciales”.
Entre los diputados sin pronunciarse figuran el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, el salteño Andrés Zottos y el santafesino Luis Contigiani, todos integrantes del Interbloque Federal junto a los cuatro schiarettistas y el socialista Enrique Estévez.
“Es correcto que exista un marco legal respecto de las restricciones, sobre todo cuando limitan derechos importantes, pero algunos de los cambios que se hicieron en el Senado debilitan la idea de la necesidad de un consenso en la toma de estas decisiones. Vamos a proponer modificaciones y en función de eso definiremos nuestro voto”, deslizó Estévez.
Los otros dos legisladores que suelen guardar su postura para el final son el riojano Felipe Álvarez -de raíz peronista, ex Cambiemos- y el santacruceño Antonio Carambia, que a fines del año pasado abandonó el interbloque de Ramón, disconforme con sus manejos.
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Unidad Federal para el Desarrollo ya garantizó su acompañamiento al Frente de Todos gracias a las modificaciones introducidas en el Senado y gestionadas por el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, cuyo alter ego en la Cámara baja, Luis Di Giácomo, integra la bancada de Ramón.
El proyecto fija parámetros epidemiológicos para determinar si una zona es de “bajo”, “medio” o “alto” riesgo, o bien de “alarma”, y de acuerdo a esa clasificación habilita al Ejecutivo a tomar medidas adicionales que sean “razonables”, limitadas en el tiempo y fundamentadas por el Ministerio de Salud.
En el Senado se limitó la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre y se autorizó a los gobernadores a tomar medidas diferenciadas según la localidad. La suspensión de clases presenciales se mantiene para las zonas de “alarma”, como el AMBA, a pesar del fallo de la Corte que sentó jurisprudencia a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires
