La ley que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales quedó listó el jueves para ser aprobada en la Cámara de Diputados.
El proyecto ya tiene la media sanción del Senado y reúne un amplio consenso, que involucra a Cambiemos, el peronismo federal y el massismo. En cambio, el kirchnerismo se opone y defenderá su propio dictamen.
La ley de financiamiento de campañas electorales obtuvo este miércoles dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara Baja, y de esta manera quedó habilitada para ser discutida en la próxima sesión, que está prevista para el miércoles 8 de mayo.
El Gobierno, pero también buena parte de la oposición, quiere tener en vigencia la ley antes de que arranque formalmente la campaña de este año, sobre todo después del escándalo por la causa de los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal y el temor a realizar una campaña sin contribuciones privadas como consecuencia de la causa de los cuadernos de las coimas del kirchnerismo, por la que desfilaron por tribunales importantes hombre de negocios.
El quid de la ley es que permite los aportes de personas jurídicas a las campañas electorales: actualmente se permiten esos aportes privados pero únicamente para el desarrollo institucional de los partidos, no para las actividades proselitistas.
Además, se extiende el plazo de duración de las campañas electorales: pasará de 35 días antes de las elecciones a 50.
También, se amplía de 15 a 25 días previos a la elección el plazo para que el Gobierno no pueda “hacer anuncios de obras o cualquier decisión que pueda tener contenido electoral”.
Asimismo, la ley, que es una modificación del Código Electoral, la ley de Partidos Políticos y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reduce del 10% al 5% el espacio que los canales de televisión y las radios están obligados a ceder a la Dirección Nacional Electoral para publicidades audiovisuales.
Otro de los puntos es el referido al aporte para impresión de boletas por parte del Estado, que pasará del 1,5 por elector al 2,5.
Qué dice el kirchnerismo
La diputada rionegrina María Emilia Soria, del Frente para la Victoria, tildó de “bochornoso” que “el único argumento sólido" del oficialismo y la oposición dialoguista "para fundamentar el aporte de empresas sea que ‘esto ocurre’ y hay que darle un marco de legalidad”.
“Cambiemos pretende mostrar las modificaciones propuestas como soluciones a todos los problemas que enfrentan los partidos”, cuestionó Soria, según reprodujo el portal especializado Parlamentario.
Por la corresponsalía Buenos Aires
