José María Núñez Carmona, uno de los condenados en el caso Ciccone, fue excarcelado a meses de su detención pero todavía aguarda su reivindicación como preso político liberado.
Más conocido por su apelativo, "Nariga" Núñez Carmona fue junto a Alejandro Vandenbroele uno de los socios del exvicepresidente Amado Boudou en la maniobra ilegal para apropiarse de la imprenta de billetes y votos que pertenecía a la familia Ciccone.
La sociedad y la maniobra dejaron de ser una conjetura periodística para transformarse en hechos constatados cuando Vandenbroele confesó como arrepentido y validó la prueba documental que apuntaba a los responsables de delitos tales como cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Pero el mismo tribunal que decidió la prisión para Boudou y "Nariga" resolvió liberarlos.
El giro ocurrió por azar y necesidad. Adriana Palliotti, jueza cercana al exmiembro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y a unos de los referentes de Justicia Legítima, Alejandro Slokar, llegó al tribunal que sentenció a Boudou mediante un sorteo para cubrir la vacante que dejó uno de los vocales.
Mientras, el juez federal Ariel Lijo, que instruyó el caso Ciccone, inició el proceso al exjefe de la Afip, Ricardo Echegaray y al banquero Jorge Brito, en la misma causa. Y les concedió el beneficio de la excarcelación. Una decisión que justificó el pedido de Boudou y Núñez Carmona.
Boudou quedó en libertad, con una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos. Fue recibido con honras en el kirchnerismo y se fundió en un abrazo emocionado con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Es probable que el paseo resulte breve, porque el recurso que le facilitó la libertad ya fue apelado ante una instancia superior. La misma que falló anteriormente sobre la prisión efectiva que debe cumplir. Pero el daño a la credibilidad de la Justicia ya está hecho.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aclaró que la revisión de sentencia que Boudou y "Nariga" están solicitando ya no es parte del proceso que concluyó con la sentencia de culpabilidad y una condena de prisión efectivamente ordenada.
Para Garavano, Boudou y Núñez Carmona tienen derecho a recurrir esa decisión, pero el principio de inocencia ya está perdido.
La argumentación técnica del ministro contrasta con la doctrina judicial que -en combinación con el criterio de blindaje político sostenido en el Congreso por todos los bloques justicialistas- ha favorecido con la libertad al senador riojano Carlos Menem.
Una combinación que anticipa lo que enunció Pichetto como obviedad: Cristina Fernández será candidata y en libertad.
Lo nuevo es que el principio genérico de impunidad admitido para los expresidentes Menem y Fernández de Kirchner ha comenzado de derramar hacia la figura de un vice.
Con la cuenta regresiva de la feria judicial, Garavano también tuvo que dar explicaciones puertas adentro del Gobierno por el giro en la causa de los cuadernos. El juez Claudio Bonadio citó al padre y al hermano del Presidente.
La Casa Rosada exhibió el dato como un indicador de la independencia de poderes. También lo es de la complicación de la familia presidencial en el caso más resonante donde se investigan los vínculos sombríos de la política y el empresariado en la Argentina.
La libertad de Boudou y Núñez Carmona, en contraste con el procesamiento de Paolo Rocca y la citación a Franco Macri, operaron como un revulsivo del cual trascendió que circula en Comodoro Py un borrador técnico para delimitar los roles de la asociación ilícita que investiga Bonadio.
Para los empresarios, los jueces van en camino a dejar libres a Cristina Fernández y sus funcionarios de primera línea. Y presos a los actores privados a los que extorsionó en sus años de hegemonía en el poder, junto a los funcionarios indefendibles de segunda línea, como José López o Ricardo Jaime.
Contra los pronósticos iniciales, y pese a los indicadores socioeconómicos que reflejan una baja de la inflación más tenue de la esperada y la persistencia de un tercio del país bajo la línea de pobreza, la fragilidad de diciembre le está aflorando al Gobierno en los tribunales.
El gradualismo de las políticas judiciales parece haber encontrado sus límites. El cambio esperado en la Corte Suprema de Justicia se ha revelado, por ahora, como la consolidación de su mayoría justicialista, que fue la que condujo el aval a la ley de lemas en Santa Cruz y viene forzando un nuevo fallo que reforzará el desquicio fiscal del sistema jubilatorio.
En la oposición, Cristina Fernández trabaja mientras tanto en su próxima candidatura, rodeada por Axel Kicillof y Juan Grabois.
Un actor clave del escenario político, el papa Francisco, atendió esa novedad de soslayo.
Enfrenta una crisis grave en su gabinete. De sus nueve cardenales de máxima confianza, debió despedir a uno -el australiano George Pell- condenado por pederastia. Y desprenderse del chileno Francisco Errázuriz por encubrir delitos similares.
Porque en Australia, la Justicia condena. En Chile también, según referencias de Facundo Jones Huala.
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