En el marco de la causa por el triple crimen de General Rodríguez, un testigo sorpresa se presentó en el juzgado de María Servini de Cubría y nombró a un exagente de Inteligencia y apuntó contra el exministro Aníbal Fernández.
El hombre en cuestión es Mariano Martínez Rojas, exdueño de "Tiempo Argentino" y un "arrepentido" de la "mafia de la Aduana", quien declaró este jueves en la causa que intenta dilucidar el móvil por los crímenes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Martínez Rojas había contratado a un exservicio de Inteligencia (exSIDE) para que sea su guardaespaldas cuando estuvo prófugo de la Justicia en Estados Unidos por temor a que le hicieran daño. Durante esa relación el exagente le habría contado secretos al empresario.
El hombre señalado por el exdueño de "Tiempo Argentino" también fue custodio de Forza hasta el 13 de agosto de 2008 cuando lo asesinaron de siete tiros junto con Ferrón y Bina.
Ante las acusaciones, Aníbal Fernández salió a responder. "No sé quiénes son esos personajes ni me interesa aprender sus nombres. Tienen que fundamentar lo que dicen, pero no lo podrán hacer porque tengo vida aburrida: no fumo ni tomo. Me llevé bien con la exSIDE en la época de 'Paco' Larcher, pero desde lejos para no chocar. Pisé el edificio de 25 de Mayo (sede central de Inteligencia) solo tres veces en 12 años, pero fue en 2004 por la ola de secuestros. Yo no existo en ese expediente porque esa no es mi vida", expresó el exministro de Justicia en TN.
Debido al triple crimen, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetua. Por su parte, Ibar Pérez Corradi fue señalado como el autor intelectual, pero no pudo ser sentenciado ya que estaba prófugo. Fue su abogado el que le solicitó al defensor de Martínez Rojas que declarara lo que su custodio exSIDE le había contado sobre Aníbal.
Cabe recordar que Martínez Rojas está procesado en la "mafia de la Aduana" por los delitos de asociación ilícita, contrabando y lavado de dinero. Además, está embargado por $ 1.000 millones y bajo prisión preventiva en una vivienda del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
