Durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, el embajador argentino ante la ONU, Carlos Foradori, cuestionó las sanciones económicas y financieras que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Fue luego de que la Alta Comisionada Michel Bachelet presentara la actualización de su informe sobre la situación de ese país. "Argentina apoya la intervención conjunta pronunciada minutos atrás por el Perú en nombre de un conjunto de países proponentes y copatrocinadores de la resolución 42/25", comenzó con su discurso Foradori.
Y contunuó: "Al respecto, mi país desea manifestar que nuestra preocupación debe incorporar la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales", para luego cerrar asegurando que "el impacto de las sanciones económicas, comerciales y financieras sobre la economía venezolana es indubitable teniendo efectos concretos sobre la población más vulnerable".
Pur su parte, la embajadora peruana Silva Elena Alfaro Espinosa pronunció: "Lamentamos el colapso del sistema de salud, la distribución de alimentos y medicina, del servicio de energía eléctrica, de capacidad productiva, de una inflación de 283.000% entre enero de 2017 y agosto de 2019. De la desnutrición del 21% de la población. También generan alarmas los informes de la Alta Comisionada sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia generalizada y sistemática. Reiteramos nuestra preocupación por la crisis en Venezuela y apoyamos una salida política y pacífica a ésta".
Bachelet, en tanto, pidió "a todas y todos actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población".
Finalmente, el representante venezolano Jorge Valero, consideró que la presentación de Bachelet "carece del balance necesario, presenta fallas metodológicas y usa información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela".
