Actrices Argentinas presentó este una denuncia pública por acoso sexual y maltrato relacionada con el ámbito de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires.
El colectivo apoyó la denuncia de Anahí de la Fuente, quien era parte del staff del Centro Cultural San Martín y denunció al ahora ya ex director de la entidad, Diego Pimentel, por abuso sexual y maltrato.
En la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el auditorio Bauen del centro porteño, las actrices Jazmín Stuart, Laura Azcurra, Thelma Fardin y la propia denunciante, Anahí de la Fuente, entre otras, leyeron un comunicado en el que denunciaron el "acoso y maltrato dentro del centro cultural San Martin" por parte del ex funcionario.
"Repudiamos por completo el hecho que personas que ejercen este tipo de violencia ocupen estos caros de poder y decimos 'basta'", afirmó Stuart.
Tras la lectura del comunicado, De la Fuente aseveró: "No voy a permitir más que me vuelvan a hacer daño".
Actrices Argentinas también reclamó la "reincorporación de las trabajadoras que se animaron a denunciar" y cuestionó el "sistema que protege a los victimarios y no a las víctimas".
"Estamos juntas y no nos callamos más", concluyó Thelma Fardín hacia el final de la lectura del documento.
Anahí de la Fuente, en marzo de este año, había denunciado en la Justicia por acoso sexual y maltrato a Pimentel. La víctima en junio de 2017 había comenzado a trabajar en el área de Comunicación del Centro Cultural San Martín.
El comunicado completo de Actrices Argentinas:
Nos unimos en este día para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales: la violencia de género y el acoso sistemático, ejercido desde el abuso de poder.
Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anahí de la Fuente, quien sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que, a su vez, es responsable de una cátedra dentro de la UNA, Universidad Nacional de las Artes.
También acompañamos a todas aquellas personas que día a día sufren violencia de género en sus respectivos trabajos y universidades y que todavía no pudieron alzar su voz.
Repudiamos por completo el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencias, ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el Estado. Y estamos aquí para decir basta.
En un país en donde el trabajo es cada vez más inaccesible y precarizado, no podemos desoír las voces de quienes, por la necesidad imperiosa de conservar un puesto laboral, deben soportar día tras día el acoso sexual y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al menor asomo de rechazo, con gritos y trabajos fuera del horario pautado. Tratándoles de incapaces, rebajándoles, por su género, a realizar tareas no correspondientes y humillándoles públicamente en caso de no cumplir con sus reglas machistas y autoestablecidas.
Estas personas, además, generan climas persecutorios y atropello laboral en las áreas que lideran, propiciando el silencio y el temor de quienes atestiguan estos actos abusivos.
Cuando la víctima decide hablar, la amenazan de manera encubierta o directa. Cuando la víctima decide denunciar, la dejan sin trabajo como a nuestra compañera Anahí.
Frente a la posibilidad de que algún otre empleado sea testigo y decida acompañar a la víctima, utilizan diferentes métodos de extorsión; con prácticas obvias como: inesperados aumentos de sueldo en un evidente intento de comprar su silencio. Si éstos no aceptan el trato, también son amenazades con dejarles sin empleo.
Basta de encubrimiento, basta de naturalizar la violencia, basta de amiguismos que ubican a agresores en espacios de poder, y definitivamente, basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y de amenazas.
La mayoría de las veces, este funcionamiento es propiciado por un modo de contratación basura, avalado por el Estado, el cual no asegura la protección de los derechos básicos de les trabajadores.
La persona acosada, además de soportar el trauma de haber sido arrasada por el descaro de su superior, queda desplazada de su fuente de ingresos y su espacio de pertenencia, mientras el agresor conserva su puesto, protegido por la impunidad de quienes le otorgaron sus privilegios.
Es sabido que esto no se limita solo al espacio laboral. En el ámbito académico, existen docentes que acosan a les estudiantes. Con comentarios y acercamientos físicos inapropiados, sometiéndoles a hostigamientos, y poniendo en juego su desempeño como estudiantes y futures profesionales.
Esto no se limita a este caso, es una práctica sistemática que no vamos a tolerar más.
En paralelo, el sistema judicial sigue siendo indiferente frente a los relatos de las personas agredidas, poniéndolas en el banquillo de los acusados, y revictimizándolas, con estándares probatorios que no se adaptan a este tipo de delitos.
La mayoría de las veces, los casos son archivados y desestimados. O cuando se elevan a juicio, éstos tardan meses -algunos años-, hasta su ejecución, mientras que las víctimas siguen padeciendo las secuelas de los malos tratos y del desempleo.
Contra todo esto, exigimos un criterio de selección de personas formadas con perspectiva de género para todos aquellos roles de poder y decisión dentro de todos los espacios dependientes del Estado. Para esto, es fundamental la adhesión y aplicación de la Ley Micaela.
Planteamos esto con la esperanza de que este criterio se extienda a cualquier ámbito público, y también al privado. Porque sabemos que esto sucede en cualquier espacio de trabajo: comercios, oficinas, fábricas, etc.
El sistema debe reinventarse de raíz para garantizar un clima laboral justo y saludable. El trabajo debe dignificar, no humillar.
Debe aplicarse un protocolo de género en cada ámbito privado o público y debe ser respetado por cada persona que integre esos espacios.
Tal como lo estipula la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, "Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra." Nosotres damos por sentado que esta declaración aplica también a todas las disidencias.
Exigimos eliminar las precarización laboral y las contrataciones basura, que dejan a les empleades en estado de vulnerabilidad frente al maltrato, acoso y abuso. Esto es parte de un sistema que atenta contra la integridad física y emocional de las personas.
Exigimos la reincorporación de manera urgente de las trabajadoras del Centro Cultural San Martín que fueron removidas de sus puestos por animarse a denunciar.
Reclamamos la eliminación del nepotismo como forma de designación de cargos. Queremos concursos transparentes, que además de tener en cuenta la capacidad de oficio de les concursantes, evalúen su criterio respecto de la perspectiva de género.
Somos SESENTA organizaciones que decidimos unirnos para poner este tema frente a los ojos de la sociedad.
Deseamos que se debata en todos los espacios laborales, y sobre todo, que se instale en la agenda política y mediática, como un tema urgente.
Que frente a la denuncia de estos hechos, el sistema proteja a la víctima y no al victimario.
Que ninguna persona deba soportar, nunca más, situaciones de acoso, maltrato o abuso para poder vivir de su trabajo.
Estamos juntes. No nos callamos más.
