El posible retraso en el inicio del juicio a Cristina Kirchner por un pedido de la Corte Suprema desató una escalada de tensión entre la coalición Cambiemos y el máximo tribunal de justicia del país.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, plantearon el concepto de "impunidad" que hizo ruido hacia el interior de la Corte, donde descartan el más mínimo "favoritismo" hacia la senadora nacional o "una intención política" contra el Gobierno.
"La Coalición Cívica no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad", escribió Carrió en su cuenta de Twitter. Un rato antes Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano, habían cuestionado la decisión de la Corte Suprema de pedir para su revisión el expediente de la denominada "causa Vialidad".
El oficialismo cuestiona el pedido de la Corte al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para el envío del cuerpo principal de la causa, para determinar si existen errores procesales en el expediente donde se investiga a la expresidenta Cristina Kirchner por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Este pedido implitecaría una postergación del inicio del juicio, previsto para el 21 de este mes.
El Jefe de ministros se negó a decir si está de acuerdo con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, quien afirmó que esta resolución busca la impunidad de la expresidenta Kirchner, pero dijo que sí cree que "genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar".
"Tiene que haber justicia en tiempo y forma, no puede dilatarse eternamente un proceso de una causa que tiene una gran sensibilidad porque estamos hablando de una expresidenta pero también de decenas de miles de millones de pesos que han sido desviados de los fondos públicos", afirmó Peña este miércoles en declaraciones a radio La Red.
Entre las voces del oficialismo que criticaron a la Corte también están el diputado nacional por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli.
"No podemos opinar sobre la parte técnica de la resolución o sobre las motivaciones de los jueces pero sí sobre lo que creemos que genera esta resolución", afirmó Peña y agregó que creen que "genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia, pero cuando se dilata esa justicia, cuando se empieza a empantanar en procesos, en dilataciones, en maniobras, eso debilita la credibilidad del proceso judicial y de todo el sistema".
Intencionalidad política
"No quedad duda de que hay una intencionalidad política, no digo jueces sino en sectores que no quieren que Cristina Kirchner vaya a juicio", sostuvo Peña y dijo que a su entender "lo mejor que le puede pasar a una persona que se cree inocente es poder ir a juicio, defenderse con todas las garantías y explicar por qué creen que esa acusación no es correcta".
La resolución, publicada en el Centro de Información Judicial, contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron "con carácter de urgente" el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.
En esta causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados.
Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández en la causa figuran una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los doce años de los gobiernos kirchneristas.
Peña luego se refirió a una "discusión más profunda" que tiene que ver con "la mirada que sobre la justicia que tiene el kirchnerismo, que está en plena carrera electoral, y viene manifestando abiertamente que ellos creen que la justicia tiene que ser militante, parte de un esquema de poder cuando nosotros creemos que hay que defender la constitución y a una justicia independiente".
Otras voces oficialistas
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró este miércoles que la decisión de revisar el cuerpo principal de la causa "Vialidad" es "un fallo muy inusual que obviamente tiene un condimento político muy grande. Es una decisión muy escueta de la Corte, el requerimiento de un expediente. Lo que sí preocupa es que impide la realización de un juicio oral, que es lo que había fijado el sistema de Justicia, que los fiscales acusen y las partes involucradas se defiendan", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.
En la misma línea se mostró el abogado y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, quien dijo que "lo que hizo la Corte es un escándalo. Es lo que nunca hay que hacer, que es meterse en un expediente. Es lo contrario a lo que tiene que pasar a la Argentina moderna para que no seamos la vergüenza de Sudamérica", destacó en conversación con el mismo medio.
Por otra parte, el diputado de Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli esta decisión de la CJS a "una especulación en un año electoral", al ingresar a un hotel en Puerto Madero, donde este miércoles tiene lugar un debate sobre la relación entre los negocios y la ética. Agregó que le llamaba "la atención", que le parecía "muy rara" la decisión y que "no me gustó".
Por su parte, la OA presentó un escrito ante el TOF 2, en donde afirma que la remisión a la CJS de la causa no debería comprometer el trámite de la misma "teniendo en cuenta que el escollo puede ser fácilmente superado a partir de que la causa principal se encuentra escaneada íntegramente" y agregaron que "se deja expresamente solicitado al tribunal que arbitre los medios para que la elevación de las actuaciones a la Corte no suponga una nueva postergación del debate, y que éste se inicie el próximo 21 de mayo de 2019, tal como está previsto".
"En una escandalosa resolución con olor a [el exjefe de Gabinete] Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida", había expresado el martes Alonso, poco tiempo después de conocida la medida.
“Esperamos que los jueces del Tribunal Oral Federal 2: Rodrigo Gimenez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso den inicio al juicio de #ObraPública el 21/5 porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera esta alocada decisión de la Corte lo suspende”, agregó la funcionaria a través de esa red social.
