El legislador Damián Löffler, con el acompañamiento de sus pares de bloque, presentó un proyecto que busca preservar el derecho de los consumidores de gas natural y electricidad.
En sus considerandos, la propuesta remarca "el carácter esencial que reviste del suministro de gas domiciliario, y mucho más aún en nuestra Provincia austral" y en virtud de los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno nacional y la caída del empleo "muchas familias han sufrido también el corte en este servicio tan básico".
De este modo, el proyecto busca "atender a la necesidad humanitaria urgente de los usuarios consumidores y de sus familias, que no sólo se ven afectados por las elevadas tarifas sino también por las decisiones -en algunos casos intempestivas- de las empresas prestadoras de los servicios".
"Esto surge en virtud de que ha habido casos, denunciados por los usuarios en que el gas se corta en horas de la madrugada con el perjuicio que esto implica para las familias que se ven afectadas por esta decisión", sostuvo.
Por lo tanto con la sanción de la Ley se busca que "durante el período de temporada invernal, en forma previa a la suspensión o interrupción del suministro domiciliario de electricidad y gas natural por falta de pago, las empresas prestadoras deberán comunicar la situación a la autoridad administrativa competente en materia de Defensa del Consumidor correspondiente al domicilio del usuario".
En dicha comunicación se deberá consignar: nombre y domicilio del usuario, número de medidor y montos y períodos adeudados; debiéndose adjuntar las intimaciones efectuadas en forma previa a la determinación de la suspensión o interrupción del servicio. Efectuada la comunicación, la autoridad administrativa competente en materia de Defensa del Consumidor dispondrá la citación del usuario a fin de que formule el correspondiente descargo".
Y posteriormente, "el usuario podrá solicitar, o bien cuando -por las circunstancias del caso- la autoridad administrativa de Defensa del Consumidor lo considere pertinente (atendiendo a la situación de vulnerabilidad del usuario o de su grupo familiar), la intervención a las autoridades municipales y provinciales con competencia en asuntos sociales, y en materia de protección de la niñez, adolescencia y la familia".
