Hace una semana, la Justicia Federal de San Luis allanó el Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan denunciara en 2016 sobre el destino de los fondos nacionales. La documentación requerida está relacionada a convenios firmados entre 2014 y 2015 con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Durante esos años se transfirió casi unos $747 millones a las universidades, de los cuales unos $48 millones fueron girados a la UNSL. Es así que otras 52 universidades están en la mira.
Cecilia Quiroga, secretaria de Hacienda de la UNSL, dialogó con El Diario de la República y explicó: "Se les brindó la información que requirieron de manera inmediata. No fue exactamente un allanamiento, sino que fue una solicitud de documentación que fue facilitada en el acto".
La funcionaria universitaria explicó ampliamente cómo fue el procedimiento realizado pero no dio demasiados detalles sobre el tipo y características de los archivos administrativos que se llevó la fuerza policial.
Desde hace unos seis meses que la líder del partido Generación para el Encuentro Nacional (GEN), Margarita Stolbizer, denunció sobre el mal manejo de fondos. Es por eso que a través del Consejo Superior, en diciembre de 2016, el docente y ex integrante de ese órgano de gobierno universitario, Eduardo Borkowski, quien además es apoderado del Proyecto Clase Media (Proclame), agrupación que adhiere en el ámbito provincial al GEN.
Para Borkowski las sospechas recaen específicamente sobre seis convenios que no contaron con los procesos normales de contratación, ni tampoco con la aprobación del Consejo Superior de la UNSL.
"El viernes me llegó una citación de la Justicia Federal para que me presente hoy (por ayer) a dar testimonio por la denuncia que hicimos junto a Stolbizer en los tribunales de Comodoro Py. Además de eso, también pidieron un allanamiento de documentación de la Universidad concretamente sobre los convenios de la SPU, sobre los que ratifiqué las distintas irregularidades que el Consejo Superior no tuvo en cuenta, cometidas por el actual rector (Félix Nieto Quintas) y el ex secretario de Hacienda, (Víctor Moriñigo), que fueron los que firmaron todos los decretos rectorales que autorizaban contrataciones directas por sumas millonarias, cuando por compras ínfimas exigen un concurso de precios", sostuvo Borkowski.
La documentación oficial de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la UNSL, señala irregularidades en la celebración de seis convenios, formalizados a través de las resoluciones Nº 1551/2014, Nº 2534/14, Nº 1041/15, Nº 1042/15, Nº 2349/2015 y Nº 2886/158; esto motivo al ex docente a realizar una denuncia penal.
"Un procedimiento que se repite y que incluí en mi denuncia, es que no hubo recepción ni conformidad de las facturas, por lo que la Universidad no sabe qué pasó con ese dinero o si efectivamente los servicios se prestaron", añadió Borkowski.
Luego de la denuncia de Stolbizer, la casa de estudios informó que oportunamente había suscripto a un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para colaborar en la ejecución de diferentes actividades, contratadas "de acuerdo a la legislación vigente", bajo el procedimiento de fondos rotatorios, que la UAI desaprobó como mecanismo de contratación de las universidades.
Por su parte, la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) también fue allanada en septiembre por la causa de los fondos de la SPU girados durante 2014 y 2015.
