La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó los recursos de apelación que presentaron los abogados de los nueve acusados en la causa Arcadio y el caso quedó a un paso del juicio. En este contexto, el empresario Matías Huergo está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria.
Además dejó firmes los millonarios embargos trabados sobre el patrimonio de Huergo ($25 millones), Aníbal Anaquín ($8 millones), Álvaro Anaquín ($5 millones), Arturo Mimessi Sormani ($8 millones), Gerardo Romero ($10 millones), Sebastián Silva ($5 millones), Francisco Guzmán ($10 millones), Oscar Matías Esliman ($5 millones) y Juan Llanos ($900.000).
La estructura ilícita comenzó a ser investigada por el fiscal federal Ricardo Toranzos el 13 de noviembre de 2017 a raíz de una denuncia anónima que advertía: “La empresa Secsa factura servicios millonarios a la Municipalidad de Salta sin pagar los impuestos y utilizando testaferros como socios. No utiliza empleados”. Luego la Dirección Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó al Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre la situación.
La investigación reveló que Secsa era una de varias empresas con las que Huergo y otros implicados evadieron impuestos mediante facturaciones irregulares con las que, además, se habría defraudado a la Municipalidad de Salta y al Estado provincial en montos millonarios entre 2016 y 2017.
