El pasado 11 de octubre cinco personas ingresaron por la fuerza en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal y, por la fuerza, se llevaron el cuerpo de un familiar que había fallecido recientemente, con síntomas compatibles con coronavirus, lo cargaron en la caja de un vehículo y lo trasladaron a un domicilio particular para poder velarlo.
La hija del difunto había contado que su padre tuvo un preinfarto en su vivienda y que ella lo llevó al hospital para que lo atiendan. Allí murió y los médicos le dijeron que tenía COVID-19. Ese habría sido el motivo por el cual no le entregaban el cuerpo a la familia. La joven también había asegurado que su papá no tenía coronavirus y que desde hace años sufría problemas del corazón.
Lo cierto es que el fiscal penal 2 de Tartagal, José Rafael Medina, imputó a la esposa, dos hijas, un hijo y un yerno del hombre de 69 años fallecido, por los delitos de hurto y violación de medidas sanitarias contra una epidemia.
La denuncia fue radicada por el gerente del hospital y, por voluntad de las partes, la causa se encuentra en proceso de mediación.
